En dos a tres semanas podría presentarse al Ejecutivo el proyecto de ley que modificaría la Ley 59 del 29 de julio de 1996, que regula las actividades de los seguros y reaseguros.
Así lo dio a conocer el superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Luis Della Togna, quien aseguró que experiencias como la de British American permitieron incorporar lineamientos de supervisión adicionales en la nueva ley, a fin de evitar estas situaciones, y si ocurren, tener medidas de cómo resolverla sin perjudicar a los asegurados panameños.
En tanto, el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA), Mauricio Ruiz, manifestó que uno de los principales objetivos de la ley es fortalecer al ente regulador, para que pueda llenarse de capacidad técnica que permita una supervisión proactiva más que reactiva, que fue lo que se sufrió en el caso antes mencionado.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), Roberto Junguito, señaló que entre más especializada, más fuerte y más independiente sea la Superintendencia de Seguros, estos casos fortuitos serán cada vez más escasos, porque se le podrá dar un seguimiento a lo que está sucediendo empresa por empresa.
El experto recomienda que la nueva normativa debe contemplar modificaciones en el campo de los requisitos de capital o solvencia, y debe revisar e incrementar este margen.
“Como resultado se reducirán los excesos de capital vigentes y posiblemente las aseguradoras deberán fortalecer su capital hacia el futuro para consolidar su crecimiento”, agregó.
Otra de las sugerencias del especialista es que además del riesgo de suscripción que establece el sistema vigente, deben incorporarse otros riesgos que enfrentan las aseguradoras, como el riesgo de mercado y el operativo, que deben incluirse en la determinación de los requisitos de capital.
A su vez, uno de los principales problemas en Panamá es el de la morosidad en el pago de primas y las consecuencias sobre la vigencia del contrato de seguros. La propuesta contenida en el anteproyecto es la de sujetar la validez del contrato de seguros al pago de la prima.
En ese sentido, Junguito dijo que una alternativa es considerar que la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato. “Esta situación dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato”.
Por otra parte, el crecimiento del mercado panameño, medido según primas emitidas, ha sido uno de los más dinámicos de la región. Su participación es del 0.8% del mercado de seguros de América Latina.
Según Junguito, la densidad de los seguros que es cuánto gasta un panameño en promedio en la compra de pólizas, Panamá está entre los dos o tres primeros países de América Latina en el desarrollo del sector asegurador, pero esa ventaja ha venido disminuyendo en los últimos años, lo que hace imprescindible una modificación a la actual legislación.
Ello obedece a que el desarrollo de la industria y su crecimiento en la región ha ido de la mano de una mayor apertura del mercado, que es cada vez más competitivo en la región.
Por ende, la política regulatoria debe servir de protección a los aseguradores por medio de la adecuada supervisión de la solvencia y liquidez de las aseguradoras.