El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ayer ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que propone la inclusión del fraude fiscal como delito en el Código Penal.
Se trata del proyecto de ley que adiciona el Capítulo XII, "Delitos contra la Hacienda Nacional", al Título VII del Código Penal y blinda nuestro centro financiero y las actividades logísticas y de servicios legales contra su posible uso para evadir impuestos en otras jurisdicciones o en Panamá.
"El proyecto de ley está diseñado para los grandes evasores, quienes tienen ingresos millonarios y no pagan sus obligaciones tributarias", destacó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, durante su presentación en la Asamblea Nacional.
En la iniciativa se estipulan sanciones de 2 a 5 años y multas hasta 10 veces el importe defraudado a las personas que en beneficio propio o de terceros, con la intención de defraudar a la Hacienda Nacional, simulen, oculten, omitan, falseen o engañen en la determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos.
Adicionalmente, establece que para que haya delito tiene que haber fraude por encima de 300 mil dólares en un año fiscal determinado.
El ministro De La Guardia señaló que el proyecto de ley presentado fue cuidadosamente redactado y se enfoca en castigar, sobre todo, las evasiones millonarias.
"Quiero dejar en claro que este proyecto de ley no tiene como fin privar de libertad a nadie, ya que contempla un mecanismo de sustraer del ámbito penal el delito en cuestión, una vez que el contribuyente regularice sus obligaciones", agregó.
El proyecto plantea como causa de cancelación de la punibilidad del fraude la liquidación incondicional y total del tributo adeudado y propone que será el Tribunal Administrativo de la República de Panamá la instancia que referirá el caso al Ministerio Público.
Normas legales no cumplen con los estándares en materia fiscal penal
“Tipificar la defraudación fiscal como delito penal y condición precedente al blanqueo de capitales es el paso lógico y natural para que nuestro país consolide su liderazgo y su reputación ante los grandes protagonistas de la economía global”, concluyó De La Guardia.
Un estudio publicado en el 2017 por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva reveló que Panamá es uno de los pocos países cuyas normas legales no cumplen con los estándares más básicos en materia fiscal penal.
Actualmente, la defraudación fiscal en Panamá es una falta administrativa y no penal.
El proyecto de ley presentado elimina la potestad existente del director de la Dirección General de Ingresos de encarcelar a los defraudadores.
Los empresarios esperan que este proyecto sea ampliamente debatido entre las partes antes de su aprobación.
Dato
300 mil dólares como fraude.
Sanciones
2 a 5 años de pena.
