Proyectos de Infraestructura e Inversión presenta Cámara de Comercio

El estudio "Proyectos de Infraestructura Física y Oportunidades de Inversión en el Ecuador" elaborado por la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), señala que el país necesita 17,406 millones de dólares en inversión privada.
La evaluación es aplicable a los sectores de servicios e infraestructura: energía eléctrica, puertos, agua potable, saneamiento, vialidad, transporte urbano, riego, hidrocarburos, nuevos aeropuertos y telecomunicaciones.
Las cámaras de la producción consideran que existen varios factores que frenan la productividad y la competitividad. Las elevadas tasas de interés, el abultado número de bancos en manos del Estado, inseguridad jurídica, corrupción, un complicado sistema tributario, reducida tecnología, poca capacitación, debilidad en el sistema de comunicaciones, entre otras, son las causas que menciona el presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, Gustavo Pinto.
En el gobierno de Gustavo Noboa se han presentado la Agenda Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones, como opciones para volver productivo al país en los próximos 10 años.
Con estos proyectos, la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, (Corpei) planifica que las exportaciones de bienes y servicios crezcan en 5% anual, con nuevos mercados.
El director económico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Estuardo Salazar, asegura que aún es prematuro hablar de resultados con estas propuestas del gobierno.
Entre tanto, por el lado privado, la Superintendencia de Compañías asegura que la inversión societaria nacional y extranjera aumentó 50 % entre enero y mayo de este año, ante igual período del 2001. Pasó de 356.8 millones de dólares a 535.1 millones.
Los empresarios ven en las remesas de los migrantes y las ventas de crudo y banano el soporte económico para el país. Pero estos rubros tienen un corte de tipo coyuntural.
Los industriales están convencidos de que uno de los mecanismos más idóneos para garantizar la inversión privada es fomentar la seguridad jurídica.