En el segundo artículo periodístico de la serie sobre el transporte, el asesor de la CLICAC Ricardo Salcedo destacó que en Panamá se legalizó la corrupción en el transporte, y esto conlleva a que existan situaciones colaterales que no han sido tomadas en cuenta. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas no exige a la Autoridad del Transporte ni a los sindicatos la entrega de la lista de quiénes son los dueños reales y ocultos y tenedores de los cupos; por qué estos individuos se están ganando, supuestamente, por lo que aseguran los palancas, una incalculable cantidad de dinero a lo largo de diez años, por la cual no están pagando impuestos, y señaló, además, que las listas tanto de los dueños de los cupos como de los palancas, deben ser publicadas para determinar quiénes son los verdaderos dueños de los cupos y si, en realidad, están prestando el servicio al usuario.
De acuerdo con Salcedo, otra de las dificultades que ocasiona mantener el transporte con cupos es la falta de incentivos para la renovación de las flotas, porque lo importante resulta el cupo y no el vehículo. Es por ello que en las calles de la ciudad capital es frecuente que los autobuses se queden sin su tren trasero, y en vez de reparar la unidad lo único que hacen es emparapetar el vehículo y continuar sus labores.
Y no hay autoridad en el país que obligue al dueño de esa unidad a que mantenga sus unidades en buenas condiciones, y el día que las autoridades quieran hacer cumplir la ley, no podrán hacerlo, porque mientras exista el cupo éste será vendido al mejor postor.
Señala el funcionario que la promoción del cupo crea la competencia en la ruta y no la competencia por la ruta. Esto básicamente se aplica con los autobuses, lo que obliga a los conductores a pelearse día a día en las calles por conseguir la cuenta para el dueño del autobús y por ende buscar su sustento diario, el cual no es mucho y, encima de ello, los palancas no tienen cómo jubilarse porque no cotizan para la Caja de Seguro Social, están completamente desprotegidos en caso de necesitar atención médica o enfermarse, carecen de status laboral y son como esclavos de los tenedores de cupos.
Ricardo Salcedo indicó que otro de los puntos que ha promovido la corrupción en el sector transporte es el hecho de buscarle respuesta a aquellas personas que se han visto afectadas por accidentes de tránsito, en los que esté involucrado un autobús, ya que se diluye la responsabilidad civil en la mayoría de las veces y resulta una completa incertidumbre establecer quién afronta los gastos médicos del accidentado, si el piloto o el dueño del cupo o la empresa de buses.
Por otro lado, como el sistema de cupos promueve que las unidades sean viejas porque la renovación de flota se hace muy de cuando en cuando, cuando hay un accidente de gran envergadura el bus no vale absolutamente nada por sí sólo ya que lo que realmente vale es el cupo y es por ello que, en la mayoría de los casos, los dueños de los cupos no responden por los muertos ni por lo mutilados en los accidentes, dijo Salcedo.
Expresó, además, que ante las injusticias que padecen los usuarios del transporte colectivo, los jueces han decidido embargar cupos para darle alguna solución a los familiares de los afectados por los accidentes de tránsito, pero la medida, en vez de resolver la situación, lo que provoca es la corrupción y la ilegalidad porque en teoría el cupo no tiene valor y la ley dictamina que es gratis y es sólo una autorización para manejar.
Salcedo denunció que hoy en día las financieras están exigiendo a los transportistas dar en prenda el cupo, cuando se pide un financiamiento y a la larga la empresa se queda con el cupo, lo que es una situación totalmente ilegal, porque los cupos deben ser para personas naturales, es decir para que manejen el vehículo.
Todas estas situaciones han promovido ampliamente la corrupción en el sector transporte y es por ello que el sistema de cupos debe ser eliminado.
La Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor promueve que se asignen rutas de acuerdo con las necesidades del transporte y que se hagan licitaciones públicas por períodos que pueden variar entre dos a cinco años, dependiendo de los estudios que se hagan, y si al finalizar la fecha prevista se amerita renovar la concesión puede hacerse o si no se tendrá que llevar a cabo una nueva licitación.
En resumen, debe conformarse un sistema que responda principalmente a los intereses de los usuarios y no al de los transportistas, como el que existe ahora.
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