Los químicos importados por empresa agraria protagonizan enfrentamiento entre población y gobierno central.
A Francia serían enviadas las 773 canecas que contienen agroquímicos, considerados tóxicos, y que desde hace un mes se han convertido en epicentro de una polémica entre habitantes de El Copey (Cesar) y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Ayer, 24 horas después de haberse registrado una marcha pacífica de protesta en ese municipio del norte de Cesar, el viceministro de Ambiente, Juan Pablo Bonilla, explicó que se tomarán medidas inmediatas para situar debidamente esos tóxicos.
Su disposición final adecuada costaría unos 700 mil dólares, que incluyen también el estudio de caracterización y si tienen algún valor comercial, y la verificación de quién es el dueño actual de esos desechos, pues al parecer Fedealgodón al liquidarse los pasó como parte de pago al Banco Popular, pero eso lo está investigando el Ministerio.
Mientras tanto el gobierno advirtió que de no reanudarse las lecciones a partir de mañana, tomará las medidas disciplinarias necesarias, y que tiene un plan de contingencia para garantizarles la educación a los niños y jóvenes del país.
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