El presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá (UNPAP), Luis Benjamín Rosas solicitó ayer al Organo Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Comisión de Gobierno y Justicia, la Autoridad Nacional del Ambiente y gremios de productores del país, oponerse al proyecto de ley de Delitos contra el Ambiente.
Rosas dijo que este proyecto, que fue sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa, no ha sido consultado con todos los sectores y sujetos identificados en la tipificación de los diferentes delitos ecológicos que se desean entronizar en la deseada gestión ambientalistas en Panamá.
El presidente de la UNPAP insistió en un comunicado de prensa en la desaprobación del proyecto de ley de Delitos Contra el Ambiente, hasta tanto no se hayan agotado todos los procesos de discusión con los diferentes sectores potencialmente afectados con su aprobación.
"Queremos manifestar nuestra firme oposición a esta aspiración jurídica, por considerarla nociva y perjudicial a la política nacional de desarrollo agropecuario e industrial que promueve el actual gobierno", enfatizó el presidente de la UNPAP.
El 26 de junio pasado, en una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuarenta presidentes y representantes de organizaciones agropecuarias del país, consensuaron algunos puntos.
Entre estos puntos, la UNPAP está de acuerdo en la necesidad de proteger, conservar y utilizar racionalmente los recursos naturales como una política de desarrollo sostenible de patrimonio nacional de los recursos naturales renovables.
La UNPAP considera que la ANAM como institución del gobierno, tiene todos los recursos jurídicos de manera sustantiva y discrecional que le otorga la Ley 41 de 1998, para defender los recursos naturales y conservación del ambiente, de una forma efectiva y oportuna.
En el caso del Centro Bancario, enfatizó que tradicionalmente los bancos que operan en la plaza local se desempeñan responsablemente. Además, desde que entró en ejecución la reforma de la legislación bancaria en 1998, Panamá cuenta con regulaciones más exigentes que evidentemente han contribuido a tener un ambiente financiero sano. Según Navarro, la quiebra del Banco Disa no es caso referencial del sector.
"Es la primera vez que quiebra un banco y adicionalmente la cartera que manejaba no era de gran tamaño", recalcó Navarro. El gerente del BankBoston opinó que desde el punto de vista de transparencia, la tendencia es positiva en la industria bancaria.
Actualmente, los banqueros operan con mucha prudencia, porque el sistema se enfrenta a un proceso de corrección desde el año pasado; a los clientes se les exige más requisitos y así se protegen los depósitos. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Carlos Barsallo, manifestó que hay que crear la confianza necesaria para que el público inversionista este dispuesto a invertir.
Esta confianza se logra con reglas claras que se cumplan y para ello se necesitan reguladores independientes. "Hay que invertir en lo más importante que es el recurso humano técnico, es necesario capacitarlo y remunerarlo bien", subrayó.
Barsallo dijo que siempre es posible y necesario revisar las normas existentes, mejorarlas y adecuarlas para que no se queden obsoletas. En el caso concreto de la regulación del mercado de valores, se cuenta con una legislación de marco muy avanzado, en comparación con lo que se tenía antes de 1999, pero a juicio de Barsallo todavía falta por desarrollar un 50% de su contenido.
En concreto, actualmente en Panamá existen varias iniciativas: en la esfera administrativa que controla la CNV , proyecto que , de acuerdo a la entidad, busca mejorar la calidad de la información que presentan los sujetos emisores y casas de valores, entre otros.
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