Le tocó a Alida Spadafora, directora Ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), recibir el día de ayer, como representante de esta organización, el Premio Antorcha Ambiental Centroamérica 2010.
La distinción la otorgó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) desde su sede en Costa Rica, que señaló que ANCON se hizo merecedora a esta distinción por tres causas concretas: el del precedente jurídico de intereses difusos y/o derechos colectivos; con el impulso a la ley de delitos ecológicos y con el trabajo que dio lugar a la declaratoria de Coiba como un Parque Nacional.
En detalle, las luchas a favor de la conservación del medio ambiente de ANCON se vincularon para la UICN, a que se mantuviesen o creasen en Panamá marcos jurídicos de protección a áreas protegidas y demás.
Las luchas.
Según la información aportada, ANCON interpuso un recurso de oposición ante la publicación en 1992, de un aviso a través del cual el entonces Instituto de Recursos Naturales Renovables, hoy Autoridad Nacional del Ambiente, informaba sobre la solicitud que una empresa estaba haciendo para la concesión de 10,000 hectáreas en la provincia de Darién con el fin de la explotación maderera.
El tema llegó luego a instancias de la Corte Suprema de Justicia, Órgano que aceptó el criterio de ANCON según el que, sí se otorgaba la concesión maderera, ocasionaría daños a los recursos naturales más allá de los predios colindantes y que consecuentemente serían perjudicados los intereses sociales de la Nación panameña.
El segundo caso fue el de la labor de ANCON para la aprobación en 2005 de la Ley de Delitos Ecológicos, y la posterior eliminación en la norma de un párrafo propuesto por el sector privado y que señalaba que no se considerarían delitos los daños ambientales reversibles.
El tercer caso fue el del trabajo de ANCON, que era una isla penal desde el principio del siglo pasado, al formular la propuesta de delimitación del Parque Marino Isla Coiba (como se le designó en 1991), y colaborar con la redacción del Decreto Ejecutivo que lo estableció por Ley.
