Los recursos legales que interponen las empresas de energía ante la Corte Suprema de Justicia son un impedimento para que se hagan cumplir las sanciones interpuestas por la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), indicó Rodrigo Rodríguez, director nacional de Electricidad.
Indicó que, dada esta situación, se debate en la Asamblea Nacional el proyecto de ley 493, que modifica la Ley 6 de 1997 y la Ley 26 de 1996 respecto a los daños ocasionados por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Indicó que con esta iniciativa, si la compensación a los clientes se dilata en el tiempo por las acciones de las empresas o que las acciones no sean admitidas o sean contrarias, los clientes recibirían el pago de intereses por los montos pendientes por compensar.
"Las sanciones resultantes de procesos sancionadores y las penalidades por deficiencias en la calidad del servicio impuestas por la Asep son, usualmente, recurridas ante la Corte y los clientes no pueden ser compensados", explicó.
El diputado Quibián Panay señaló que $27 millones están en recurso de apelación ante la Corte.
