Reducción de gastos no será suficiente

Aunque el Gobierno anunció que llevará la planilla estatal a los niveles de 1999, el número de servidores públicos continuará siendo muy elevado, comparado con el número de habitantes.
Para ese año la planilla estatal sobrepasó las 148 mil personas, una cifra casi parecida a la de 1990 cuando el sector público lo componían 150 mil trabajadores.
Justamente un informe del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), revela que para 1990 Panamá era el país con el mayor número de servidores públicos en la región.
De los siete países de los que existía información fiable del número de servidores públicos en 1990, Panamá era el caso más extremo de la región.
Para ese año el número de servidores públicos con relación a la población del país era de 9.9%.
Es decir, que más del 25% de la población económicamente activa (PEA) trabajaba en el sector público.
En este informe se explica que para ese momento, el gobierno de Chile operaba con sólo 1.1% de su población, seguido por países como Nicaragua, México y hasta Argentina, que tenían un menor número de funcionarios.
A pesar de contar con estos exorbitantes márgenes, en agosto del año 2004 la situación llegó a su punto máximo, toda vez que la planilla estatal alcanzó aproximadamente 190 mil personas.
Las cifras anteriores son las que justamente hacen desconfiar a los panameños de que la reforma fiscal tendrá los efectos anunciados por el Gobierno de Martín Torrijos.
Gerardo García, director de Fundación Libertad, manifestó que poner dinero en manos del Estado es casi como verlo perder, ya que nunca se han visto los resultados de los proyectos en inversión social.
Lo que significa que en el mayor de los casos, este dinero va a parar al renglón de gastos de funcionamiento del Gobierno y de este modo no se combate la pobreza, dijo García.
Por otro lado, así como se imponen castigos a los que evadan sus impuestos, debería existir en la reforma un renglón de sanciones a los funcionarios que no cumplan con las metas establecidas en el proyecto.
Con la nueva reforma fiscal las autoridades han indicado que reducirán el tamaño del Estado y el renglón de servicios profesionales.
Es decir, que el número de personas contratadas por servicios profesionales no puede superar el 2% de la planilla.
Ricaurte Vásquez, ministro de Economía y Finanzas, dijo que con la reforma se crearán mecanismos para medir el desempeño de las obras de inversión y se fiscalizará la forma en que se utiliza cada dólar recaudado.
Sin embargo, acepta que se deben realizar muchos cambios en la forma que ha operado el Estado durante años, si se desea que los proyectos de inversión social tengan el impacto esperado.
(ver gráficas en la página A6 del diario impreso)