Reforma fiscal bajo presiones y oposiciones

La política fiscal ha estado en el ojo de la tormenta durante el Gobierno de Mireya Moscoso. El manejo de la deuda, el presupuesto, el déficit y el crecimiento económico ha sido comidilla durante los últimos tres años.
Algunos analistas afirman que no existe coherencia en esta materia, mientras que los funcionarios encargados de explicar cómo andan los números del país, aseguran que sus planes marchan viento en popa.
Pero lejos de atribuir como verdad absoluta una opinión personal, valdría la pena, apegados al Plan de Actualización de Desarrollo Económico, hacer un análisis de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer.
Se podría decir en síntesis que el galardón del Gobierno en materia fiscal es la aprobación de la ley tres en uno, mientras que la piedra que aún permanece en el zapato es la reforma tributaria, la cual está ligada exclusivamente a la recaudación de ingresos, de lo cual depende el funcionamiento del aparato gubernamental.
Tampoco se puede dejar de lado los millones que deja de percibir el Gobierno todos los años, por las exoneraciones aplicadas a los diversos sectores. Al año son cerca de 160 millones de dólares por este proteccionismo. Pero habría que ver cómo ha avanzado cada etapa en la que se subdividen estos temas.
La política fiscal está centrada en la Ley 20, la cual proyecta topes de endeudamiento para el gasto público en función del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta ley plantea la necesidad de controlar la deuda pública, de forma que su peso se reduzca paulatinamente.
Según esta ley, el déficit nunca puede ser mayor que el 2%. En caso de que el PIB sea mayor del 1.5%, la deuda sólo podrá crecer en un 80% de este crecimiento. La ley ya está aprobada, pero ahora habría que ver si este año se cumplen los topes establecidos. Al primer trimestre del año, los números mostraron que mientras la economía creció 0.3%, el renglón de servicios gubernamentales se expandió 4.3%.
El cuarto punto del programa fiscal guarda relación con la optimización de los recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD). En base a esta ley se puede recomprar deuda pública hasta 1,000 millones de dólares, específicamente en bonos globales, lo cual persigue aumentar el rendimiento del fondo. Los intereses que generen esto bonos, en vez de ser transferidos al exterior, quedarán en el FFD para financiar el presupuesto de inversión en el próximo año. Ahora habría que ver los efectos de esta ley.
En virtud de la Ley 20 también se confeccionará el presupuesto del 2003. Los próximos presupuestos serán de caja. Es decir, que el monto no podrá superar el total de las recaudaciones. El Gobierno proyecta que en el 2003, el presupuesto será de 5,000 millones de dólares, 1,000 millones por debajo del que se ejecuta este año.
En el 2000 se ejecutó el 94% del presupuesto, mientras que en el 2001, este renglón bajó a 86%, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (ver cuadro).
En el 2002, la ejecución no ha sido muy buena. El Gobierno Central sólo ha podido ejecutar el 18% del presupuesto total de inversiones al primer semestre. Según cifras de la Contraloría General de la República, a la primera mitad del año se han utilizado 156 millones de dólares de los 863.3 millones presupuestados para inversiones públicas. Sin embargo, en los gastos de funcionamiento del Gobierno central, la ejecución llegó a mil 532.3 millones de dólares en junio, lo que representa el 52% de los 2 mil 950 millones.
La reforma tributaria se ha convertido en el trago amargo para el Gobierno sin contar con la presión que tiene del Fondo Monetario Internacional que exige este cambio. Se ha hablado en repetidas ocasiones de la necesidad de simplificar el sistema. Actualmente se debate en el Diálogo Nacional para la Reactivación de la Economía este tema, sin embargo, hay puntos en los que aún no se avanza. Hasta la fecha, los partidos políticos, empresarios y Gobierno se han puesto de acuerdo en dos terceras partes de la propuesta presentada.
Esto implica un consenso en la reestructuración de la dirección de ingresos y los procedimientos en materia tributaria. No obstante, falta la parte más conflictiva. Tendrían que ponerse de acuerdo en los montos por tributar y su alcance en lo que respecta al de venta, el ITBM y a la neutralización de las exoneraciones e incentivos que afectan la recaudación neta del sistema.
En el 2001 se logró reducir el monto neto de la deuda en 50 millones de dólares. Al cierre del 2001 el saldo total de la deuda pública ascendió a 8,400 millones de dólares. Este saldo es mayor al que se reflejó en el 2000, porque se incluían los 341.6 millones correspondientes a un plazo fijo destinado a pagar el eurobono que vencía en febrero de 2002. Si se descuenta este monto, el saldo total sería de 8,058 millones de dólares.
A la fecha de 2002 el saldo de la deuda que ya se ha cancelado el eurobono, el saldo de la deuda alcanza los 8,165 millones de dólares. La deuda externa disminuyó en 248 millones de dólares, mientras que la interna muestra un alza de 14.2 millones de dólares. La deuda pública representa el 80% del PIB. La presidenta Moscoso espera bajar este margen a un 39% y así obtener el " anhelado" grado de inversión.
Algo que hay que reconocer es que el déficit fiscal ha bajado durante los últimos tres años. En 1998 el déficit era de 2.9% ; hasta septiembre de 199 ( último mes del Gobierno de Ernesto Pérez Balladares) el déficit alcanzó el 2.8%. De septiembre de 1999 a diciembre de este año, el renglón bajó a 1.4%. En el año 2000 cayó nuevamente a 0.8% y en el 2001 subió a 1.4%, pero aun así no alcanzó los índices de 1999.
Este año, por obligación, según lo que dicta la ley, el déficit no puede ser mayor al 2%. Esta es la proyección del Gobierno, y esperan cumplir la meta con los planes de contención del gasto. Sin embargo, se conoció extraoficialmente que el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente visita pronosticó un déficit de 2.5%. Habría que esperar hasta fin de año.