Si no hay un ajuste radical en materia de pensiones en el país, el déficit llegará en cinco décadas a 291 billones de pesos. Es decir, cinco veces el presupuesto anual. Está en juego la viabilidad misma del Estado colombiano.
Sobre los pensionados del futuro no muy lejano -quizás siete años- se ciernen muchas preocupaciones. El Seguro Social ya empezó a utilizar los rendimientos de sus reservas para pagar las mesadas, el único fondo pensional que tiene solvencia es el de Antioquia, la relación trabajador activo por jubilado ha caído de 20 a 7 y en la última década los pagos con cargo al Estado se multiplicaron por tres.
Si se trae a valor de hoy el pasivo pensional calculado para el período 2000-2050, el déficit es de 192,4 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, todo el valor de la producción de la economía colombiana en 2 años.
"Es un verdadero drama, es la quiebra de la Nación y en plata blanca significa que el Estado colombiano no será viable financieramente", advirtió el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Juan Carlos Echeverry.
Quizás esas cifras sean frías y solo la digieran en su verdadera dimensión los economistas y los actuarios. Pero en el fondo está de por medio un gran problema social: no habrá dinero para pagarles las mesadas a muchos pensionados.
Según un informe conjunto del Ministerio de Hacienda y del DNP, el número de pensionados entre el ISS y las cajas públicas ascendió en el 2000 a 900.000. Para el 2030, cuando el problema se agravará por la progresiva acumulación del déficit en el sector, la cantidad subirá a 1"700.000.
Serán ellos los directamente afectados, asegura la viceministra de Hacienda, Catalina Crane, quien desde su llegada a ese despacho viene ocupándose del tema.
Para la funcionaria, la reforma al régimen de seguridad social es inaplazable, pues de lo contrario sería necesario optar por estrategias inequitativas, que afectarían a la totalidad de la población colombiana, estimada por el Dane en estos momentos en 41"584.000 personas.
Es decir, Colombia estaría abocada a la aplicación de nuevas reformas tributarias, aumentar su endeudamiento exterior para destinarlo a pensiones y reducir drásticamente la incorporación de recursos para inversión social -como educación, salud y vivienda- y olvidarse en la práctica de asignaciones para infraestructura.
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