Los mercados presentan fallos en virtud de que por definición son imperfectos. La ineficiencia, que se presenta en la economía en estructuras de mercado oligopólicas que distorsionan el mecanismo de los precios, representa un caso de fallo del mercado que provoca una producción o consumo ineficiente. En este sentido el Estado puede ejercer un papel importante en la solución al problema, a través de la regulación económica.
En la regulación económica el estado interviene en los mercados y altera de ese modo el funcionamiento que los mismos espontáneamente tendrían. En sentido restringido, la regulación sólo comprende actividades de carácter permanente que implican la toma de decisiones que en otros casos serían adoptadas directamente por empresas operadoras. Se podrían catalogar dentro del concepto de “regulación directa” la fijación y control de precios y condiciones de provisión de los servicios públicos, y como “regulación indirecta” las normas que prohíben las prácticas anticompetitivas.
El objetivo primordial de todo régimen regulatorio es la sostenibilidad del servicio. Existe una necesidad de una cobertura de los costos económicos del servicio para garantizar el mantenimiento y continuidad del sistema y su expansión. El objeto de un sistema regulatorio se circunscribe a simular a través de la regulación directa o indirecta, una situación competitiva, dadas las restricciones que implican los objetivos propuestos por el sector regulado. De este modo, la regulación a través de Autoridades, es la forma actual, eso si, se espera que el regulador sea eficiente y eficaz.
