A la primera la comparan con la antigua Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), mientras que de la segunda dicen que no evita el abuso que aseguran hacen las empresas eléctricas con las tarifas.
Uno de los quejosos, Alonso Guerra, expresó que no existe mucha diferencia entre el extinto Ente Regulador y la nueva institución que se creó en febrero de 2006.
Manifestó que la situación sigue siendo la misma, pues asegura que la ASEP insiste en no cumplir con la función de regular a las empresas prestadoras de estos servicios.
En su oportunidad, Rodrigo Batista, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica de la República de Panamá, lamentó esta situación, agregando que la institución está ejerciendo la labor a su "antojo", porque sigue haciendo "la misma película" que realizaba el antiguo Ente Regulador.
A su juicio, la ASEP tiene preferencias para con las empresas eléctricas, desprotegiendo los intereses de los usuarios.
Al respecto, una fuente vinculada a la institución reveló que esta, "no tiene por qué defender a los usuarios, ya que ellos se deben a las empresas prestadoras de servicios públicos".
En este sentido, Mónica Guillén, delegada de la Defensoría del Pueblo para los Servicios Públicos Privatizados, sostuvo que las empresas eléctricas pagan a la institución reguladora una tasa de control, vigilancia y fiscalización que fue impuesta por el mismo organismo, y la cual no excede del 1%.
Mientras tanto, señaló que urge la necesidad de contar con un organismo regulador independiente y funcional, libre de presiones e interferencias que surjan del juego político.
Víctor Carlos Urrutia, administrador general de la ASEP, refutó tales declaraciones, aduciendo que la entidad cumple con el rol de velar por la correcta prestación de los servicios públicos.
Al preguntársele que si la recién creada Autoridad es necesaria, destacó que la propia Constitución reconoce que para regular todos los aspectos de los servicios públicos (cobertura, calidad, precios o tarifas) se requiere de la existencia de un organismo especializado que en representación del Estado controle, fiscalice, y supervise la correcta prestación de los servicios públicos.
Urrutia dijo que la ASEP ha iniciado una política agresiva orientada a eliminar las distorsiones en el mercado de energía, aunque reconoce que las mismas fueron permitidas en el pasado.
Además, sostuvo que para el periodo comprendido entre el 2006 y 2010 se logró una disminución del porcentaje de distribución de aproximadamente 14% en el costo medio del valor agregado en el sector eléctrico. El valor agregado de distribución representa el 30% del costo total del servicio eléctrico, añadió.
Pese a estos señalamientos, los panameños encuestados no confían en esta labor, pues insisten en señalar que se sienten desprotegidos frente a las grandes empresas, al igual que sucede con la Autoridad de Protección al Consumidor.
Piden que estos servicios se presten de forma continua y eficiente, beneficiando a los usuarios.
Igualmente, esperan que la Autoridad de Protección al Consumidor pueda reglamentar con mayor claridad el mercado de los hidrocarburos.
