El pasado mes de abril la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó una reunión tripartita en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde participaron representantes de los empresarios, los trabajadores y los consumidores, cuyo tema principal fue el análisis de la gestión de la privatización y reestructuración de los servicios públicos, en especial, la electricidad.
En la resolución final de esta reunión, la cual no fue firmada por los representantes de los empresarios, se llegó a la conclusión de que los servicios de distribución de electricidad desempeñan un papel vital en el suministro de servicio básicos para la población, el crecimiento de otros sectores de la actividad económica y más generalmente para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Igualmente se destacó que el abastecimiento de electricidad debe servir al interés público, sin embargo el acceso a este servicio es a menudo inadecuado, en especial en los países en desarrollo.
Se destacó de igual manera que la privatización no puede sustituir la responsabilidad del Estado, que ha de garantizar el abastecimiento de servicios básicos, ya sean públicos o privados. También es necesaria una responsabilidad pública para una privatización con el objeto de fortalecer los servicios públicos de distribución e impedir un deterioro de la calidad y acceso a dichos servicios.
Las conclusiones de la reunión tripartita asimismo señalan que la privatización de los servicios públicos de suministro y su explotación de electricidad, requieren de un marco reglamentario eficaz. Esta reglamentación ha de establecer parámetros en materia de precios y normas de servicio.
Esto evitará que el monopolio público se sustituyera por uno privado y, en caso de seguir existiendo un monopolio, el mismo esté estrictamente reglamentado.
De acuerdo a la OIT, una reglamentación eficaz se compone de cuatro elementos claves: transparencia, precios al consumo asequibles y rentabilidad. Además las industrias, los trabajadores y el público, deben tener acceso a los métodos y la información del Gobierno y de los servicios de suministro para su evaluación.
