Sacyr mantiene su plan de crecimiento, tras el laudo sobre el Canal de Panamá

Sacyr ha asegurado hoy que mantiene su estrategia empresarial y sus planes de crecimiento tras el laudo emitido el viernes por la Cámara Internacional de Comercio (ICC), que establece que el grupo GUPC al que pertenece la constructora deberá devolver 206 millones de euros a la Autoridad del Canal de Panamá.

En una nota remitida hoy, Sacyr explica que su "sólida posición financiera" le permitirá atender la parte que le corresponda del resultado del laudo, "sin comprometer sus proyectos actuales ni su plan de crecimiento futuro".

El laudo responde a la reclamación efectuada por el consorcio GUPC (Grupos Unidos por el Canal) sobre la composición del basalto y la fórmula del hormigón utilizado para la construcción del tercer juego de esclusas del Canal, un proyecto que concluyeron en mayo de 2016 tras siete años de trabajo.

El consorcio GUPC deberá devolver en torno a 240 millones de dólares (206 millones de euros) a la Autoridad del Canal de Panamá después de la decisión del ICC, que contradice la resolución anterior del DAB (Dispute Arbitration Board) que reconoció 265 millones de dólares al consorcio.

El laudo reconoce al consorcio 17 millones de dólares aproximadamente en concepto de gastos adicionales de laboratorio y por la existencia de fallas no detectadas en el terreno.

Sacyr es propietaria del 41,6 % de GUPC, por lo que le corresponderá devolver en torno a 84 millones de euros.

Este fallo únicamente guarda relación con el arbitraje del concreto, agregados y fallas y no con los otros arbitrajes sobre las compuertas y perturbaciones, los cuales se encuentran en proceso ante sus respectivos tribunales arbitrales, señaló la ACP en un comunicado.

El contratista GUPC ha interpuesto contra la Autoridad del Canal de Panamá cinco arbitrajes bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami, Estados Unidos, según la entidad canalera.

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El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), formado por Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, se adjudicó en 2009 el contrato de diseño y construcción de las nuevas esclusas (inauguradas en junio de 2016) por 2.740 millones de euros (3.118 millones de dólares), aunque el coste final resultó ser mucho más alto, lo que dio lugar a las citadas reclamaciones.