Eso implica que el Gobierno propuso el esquema a las empresas, lo que no pudo ser confirmado oficialmente hasta el cierre de la edición.
La carta llegó ayer a los archivos de los ministerios, confirmó una fuente que pidió la reserva. En las próximas horas, otras petroleras acogerán el mecanismo según cláusulas de “consultoría y arbitraje”, que tienen en sus contratos.
El de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque 16 entre Petroecuador y Repsol YPF (27 diciembre de 1996), por ejemplo, señala que el arbitraje procede si hay “desacuerdos sobre asuntos técnicos que involucren aspectos de carácter económico y viceversa (excepto los asuntos técnicos que por este contrato o por la Ley deban ser decididos por autoridad competente) surgidos de la aplicación” del contrato. Y se someterán a los representantes legales de las partes para su resolución.
Aunque no precisó los nombres de las firmas que irán al arbitraje, René Ortiz, presidente de la Asociación de Industrias de Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), dijo que las compañías buscan por este mecanismo una salida más inmediata que “esperar una de los tribunales fiscales”.
Sin embargo, agregó que se buscará un árbitro internacional en los centros reconocidos por las Naciones Unidas y el Banco Mundial (BM). Los contratos de participación de las petroleras, respecto al arbitraje internacional, dicen que las controversias o divergencias serán trasladadas a jurisdicción y competencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi) del BM.
Empero, existen juicios en trámite en tres salas de los tribunales fiscales del país. Según la jurista, Patricia Calero, no se puede pasar por alto la competencia del juez fiscal. De ahí que es improcedente un arbitraje. Pero la AIHE cree que el arbitraje se establecerá para un tema puntual y el árbitro dará un pronunciamiento vinculante para las partes, siempre que exista un acuerdo previo para ir al mecanismo.
El arbitraje se aplica toda vez que las petroleras renunciaron a reclamos de tipo diplomático en sus contratos. La idea del arbitraje fue retomada por el ministro de Energía, Pablo Terán, el jueves pasado. Anteayer, el canciller Heinz Moeller insistió en la idea de aplicar este mecanismo como centro de mediación fuera o dentro del país.
El Gobierno no confirmó cuándo invitó a las petroleras a acogerse a un arbitraje, aunque extraoficialmente se dijo que puede entenderse, por la secuencia de los hechos, que las declaraciones de los funcionarios guardan coherencia con previos acuerdos con el presidente Gustavo Noboa. Ayer, Terán trataba el tema con Noboa, al cierre de esta edición.
La semana anterior la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Elsa de Mena, dijo que si se acoge el esquema del arbitraje será por decisión del Presidente.
Ayer se conoció que el escenario de un arbitraje se comenzó a analizar por los juristas de SRI.
El Gobierno anunció la reactivación de las compras gubernamentales, ¿habrá reactivación por esta vía? -Eso es una falacia. Cómo se puede confiar en este mecanismo cuando tenemos un Estado que no paga y además ofrece cancelar 70% de los contratos con bonos de la deuda pública nacional, que pierden su valor en el mercado.
Los ministros de economía señalan que el paro de abril contribuyó a la caída del PIB en el primer semestre en 7,1%.
No. La caída del producto interno bruto obedece, en primer término, a la falta de una política fiscal cambiaria y monetaria coherente. Esto produjo un desbalance entre ingresos y egresos que forzó la decisión de devaluar el bolívar frente al dólar en febrero. La depreciación ha sido tan fuerte que ha afectado directamente la capacidad de consumo del venezolano. Si a esto se suma que no ha habido políticas hacia las exportaciones no tradicionales, diría que estamos al borde de un colapso. -Sin embargo, Chávez acusa a los empresarios de dar un golpe contra la economía.
Si estamos en una sociedad que no tiene consumo porque no tiene capacidad de pago, lógicamente día a día caen las ventas y cierran empresas. Pero quién puede ir en contra de sus propios intereses. ¿Esfuerzos de 20, 30 o 40 años para mantener una empresa se van a echar por la borda por el simple hecho de llevarle la contraria a un gobierno? -¿Cuántas empresas han cerrado en los últimos tres años y medio? -Las últimas cifras que tenemos indican que más de 5.000 empresas han cerrado en este período gubernamental. Sin embargo, cifras extraoficiales reportan el cierre de más de 1.000 establecimientos entre pequeñas y medianas industrias y locales comerciales. El desempleo está cercano a 20% y una economía informal de 54% de la población económicamente activa. Además, la deuda externa se ha quintuplicado al pasar de 2,18 billones a 11,09 billones de bolívares. ¿Por qué denuncian que se quiere imponer un castro-comunismo? -Se quiere imponer el mismo modelo que aplicó Fidel Castro en Cuba.
El 25 de octubre de 1960, en La Habana se emitió un decreto de expropiación de empresas y del sistema financiero. Esta situación se pretende copiar en Venezuela, y una muestra de ello es la intención que se tiene de quebrar al sector privado.
El Estado no cumple con el pago de los compromisos adquiridos con las empresas, y no cancela las facturas pendientes. Además, se pretende descapitalizar a la banca.
¿Se señala desde el sector oficial que el paro tiene un sesgo político? -Nosotros no estamos con este paro buscando la salida del Presidente de la República. Nuestro paro es netamente económico y para exigir que se mantenga la democracia y se restituya el Estado de Derecho. -¿El paro no agravará aún más la economía? -Pero si no hacemos nada, yo me pregunto, en dónde vamos a terminar. -¿Qué pasa si aplican el decreto de intervención de empresas para evitar el paro? -Yo estoy convencido de que los trabajadores defenderán las empresas y no permitirán que se politicen. No hay posibilidad de tener un puesto estable si no tenemos unas empresas fuertes y con capacidad de generar la suficiente riqueza. Si llega a suceder que grupos ajenos a los trabajadores ataquen las empresas, entonces estaríamos en presencia de una acción deliberada y premeditada del Gobierno de intervenir y violentar la propiedad privada con la intención política de aplicar un terrorismo de Estado para llevarnos a ese castro-comunismo.
