DISPARIDAD. Eso es lo que se encuentra al analizar la planilla estatal, que en el 2006 se incrementó en 5,830 personas, para hacer un total de 156,505 funcionarios.
Del 2005 al año pasado, el incremento de la planilla fue de 3,8%, para un gasto anual por encima de los 58.4 millones dólares.
Esto se da, pese a que la Ley 6 del 2 de febrero de 2005, que establece un programa de equidad fiscal, indica que la administración de Martín Torrijos debe reducir la planilla a los niveles del 31 de diciembre de 1999, que era de 140 mil 903 funcionarios.
Hablando de disparidades, las estadísticas oficiales revelan que el Ministerio de la Presidencia pasó de 1,676 a 2,985 funcionarios, durante el período analizado.
Este aumento significó que al gasto anual de esta entidad se disparara de $15.5 millones en 2005 a $23 millones el año pasado, o sea, una variación al alza de 7.5 millones de dólares.
Por su parte, la Lotería Nacional de Beneficiencia pasó de 1,615 a 1,771 empleados, y la Contraloría General de 2,305 a 2,501, con una variación de su gasto anual en planilla de 2.2 millones de dólares.
La Autoridad Marítima de Panamá varió de 1,197 funcionarios a 1,229, mientras que el Registro Público ahora tiene 408 empleados de los 303 que tenía en el 2005.
Entidades como la Autoridad de Protección al Consumidor pasaron de 232 a 369 funcionarios, en tanto que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos aumentó su personal de 116 a 165 en el período de referencia.
Ambas instituciones son duramente cuestionadas por la opinión pública, por su aparente inactividad.
Para el economista Felipe Chapman, de la firma consultora Indesa, la planilla gubernamental es alta producto de un arrastre histórico.
Planteó que para reducirla es necesario llenar solo las vacantes que sean imprescindibles, y no todas las que se producen por jubilación, renuncia, ascensos, traslados, fallecimientos y despidos.
En tanto, Irene Giménez, gerente de la firma consultora Goethals Consulting Corp., afirma que la planilla está "absolutamente abultada y desproporcionada" respecto al tamaño del país y a la incorporación de tecnologías asociadas a la modernización del Estado.
Esta situación, adujo, genera mayor burocracia, probabilidades de focos de corrupción, más trámites y menor eficiencia.
Igualmente, produce un mayor debilitamiento de las entidades, lo que reduce las posibilidades de inversión de largo plazo, que son importantes porque generan riqueza y empleo.
Giménez considera oportuno que se hagan reformas y se modernice el Estado, lo cual conlleva una reingeniería y automatización de sus procesos en donde el recurso humano talentoso juega un papel fundamental.
En palabras del presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Adolfo Quintero, la disminución de la planilla depende de los planes de desarrollo que se establezcan dentro de las políticas de empleo.
La idea, añadió, siempre ha sido que el renglón de empleados públicos disminuya y sea absorbido por la empresa privada.
Quintero señaló que este fenómeno se está observando en el sector construcción, en donde los ingenieros civiles y estructurales están saliendo del área pública para pasar al sector privado, que contribuye a bajar este alto componente del gasto público.
Contrario a las que han abultado su planilla, existen entidades sensitivas para la protección ciudadana como la Fuerza Pública, que bajó la cantidad de funcionarios de 16,594 a 16,479 en el período 2005-2006.
Igualmente, los Bomberos de Panamá pasaron de 666 empleados en 2005 a 634 el año pasado.
También se observa que el Ministerio de la Presidencia incrementó su planilla más que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que debe contar con un mayor personal para potenciar la actividad agropecuaria, debido a la apertura comercial.
El MIDA mermó su fuerza laboral de 2,549 a 2,479 trabajadores.
En esa misma vía, el Ministerio de Obras Públicas, que debe reparar las calles y la infraestructura del país, tiene menos trabajadores que el Ministerio Público (ver cuadro: Planilla).
Se eleva la planilla estatal
Administración Torrijos no cumple con la ley fiscal de reducir el aparato gubernamental.