Los esfuerzos de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas, a través de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, serán evaluados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) el próximo año.
Las evaluaciones por el organismo internacional se iniciaron el 7 de octubre pasado, y las mismas terminarán en mayo de 2017 con una visita in situ que durará dos semanas, tal como lo informó Eyda Varela de Chinchilla, viceministra de Finanzas y presidenta de la junta directiva de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.
Indicó que en cumplimiento de la ley se han registrado 67 investigaciones que han avanzado en los diferentes entes reguladores.
La intendente Carlamara Sánchez detalló que actualmente se están dando investigaciones administrativas.
"Debido a la corta creación de la intendencia, no se han impuesto sanciones a los que violen la ley, pero ya se han iniciado los procesos sancionatorios correspondientes a los casos en los que la supervisión ha dado lugar a que se debe hacer una investigación a profundidad", explicó.
Indicó que la intendencia está facultada para imponer sanciones de $5,000 a 1 millón de dólares y también puede solicitar la cancelación o suspensión de licencias o certificados de idoneidad, siempre y cuando se haya surtido un proceso administrativo que cumpla con los términos procesales establecidos en la legislación panameña.
Detalló que el objetivo es que los sujetos regulados cumplan con la labor de reconocer a su cliente, hacer la debida diligencia antes de realizar transacciones y reportar actividades sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La intendente dijo que se han hecho supervisiones en sectores como la Zona Libre de Colón, actividades de abogados, remesas, casinos, sector inmobiliario, las cuales están atendiendo de manera prioritaria, dado el resultado de la evaluación sectorial de riesgo elaboradas para la intendencia.
"La columna vertebral de la ley es la debida diligencia del cliente y se busca que las empresas establezcan sus controles para conocer con quiénes contratan".
El país se apresta a ser evaluado, luego de salir de la lista gris.
