Una suspensión del pago de la deuda externa, que asciende a 231.300 millones de dólares, como pretende la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños (CNBB), sindicatos y organizaciones de izquierda, afectaría en particular al sector privado y al abastecimiento de insumos básicos.
Así lo advirtió el ex ministro de Hacienda, Mailson da Nobrega, citado por el diario Estado de Sao Paulo, este domingo, quien afirmó que una posible moratoria podría afectar a las ofertas de financiación para la compra de insumos básicos, como petróleo, medicamentos o trigo.
En la actualidad, el 60,1% del total de la deuda, es decir, 139.200 millones de dólares la han contraído las empresas, lo que contrasta con la situación que prevalecía en 1980, cuando el 69% de los 53.800 millones de dólares que debía el país recaía sobre el gobierno.
La CNBB, el Movimiento de los Trabajadores rurales Sin Tierra (MST) y la Central Unica de Trabajadores (CUT), que han recibido el respaldo del Partido de los Trabajadores (PT, principal fuerza de la oposición), han convocado a los brasileños a las urnas el sábado 6 y domingo 7 para que opinen sobre si el país debe seguir pagando la deuda externa o no.
También tendrán que responder en las urnas instaladas en iglesias, sedes de los sindicatos y calles de 2.800 municipios, si el país debe seguir cumpliendo el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre de 1998 para llevar a cabo una profunda reforma fiscal, a cambio de una línea de crédito de 41.500 millones de dólares, que en su opinión está acrecentando la pobreza.
"Este plebiscito pretende sacar al pueblo de la pasividad.Los ciudadanos tienen derecho a saber a quién estamos debiendo dinero", según el presidente de la Confederación Nacional de las Iglesias Cristianas (Conic), Joaquim Beato.
Para monseñor Demetrio Valentino, coordinador de la Pastoral Social de la CNBB, el objetivo de este plebiscito es llamar la atención sobre un asunto importante y hacer que "el pueblo participe en la decisión".
Se trata de preguntar a los electores si el gobierno debe seguir pagando la deuda externa sin realizar la auditoría prevista en la Constitución de 1988, aseguran.
La virulenta reacción de las autoridades, que lo han calificado de "estupidez" o "bestialidad", da muestra de la importancia que tiene este plebiscito en el posible deterioro de la imagen internacional del país, cuyo nivel de riesgo, otorgado por las agencias internacionales, sigue siendo muy alto.
Los convocantes alegan que las autoridades no pidieron autorización al pueblo para contraer esta deuda, que consideran ya pagada."Si sumamos los recursos enviados al exterior en los últimos 15 años, los valores son varias veces superiores a lo que recibimos, por lo que moralmente, la deuda ya se ha pagado", aseguran.
Cada dólar pagado en calidad de deuda financiera, aumenta la deuda social, sostienen los organizadores."Significa disminución de salario, mayor desempleo, castigo a los jubilados, a los ancianos y enfermos, abandono de los pueblos indígenas, desinterés por la reforma agraria y por la suerte de los productores familiares, descuido de las ciudades, de las carreteras, aguas, bosques, educación".
La política cambiaria que prevaleció en el país hasta enero de 1999, año de la devaluación, favoreció el endeudamiento, ya que se necesitaba prácticamente el mismo número de reales para comprar dólares a tipos de interés más bajos fuera que dentro del país.
La sobrevaluación del real constituía una amenaza permanente para la economía, ya que siempre cabía la posibilidad de una devaluación repentina, que acabó ocurriendo en enero del pasado año, por lo que el Banco Central aplicaba tipos de interés muy elevados para atraer a los inversores extranjeros.
"La responsabilidad de la deuda externa no es de los acreedores, sino de la revalorización del real que fue irresponsablemente mantenida hasta el año pasado", aseguró el ex ministro Bresser Pereira que defendió en 1987 la renegociación de la deuda externa, citado por el diario.
Para votar sólo será necesario presentar un documento de identidad y el resultado de la consulta será presentado el 13 de septiembre en la Cámara de Diputados.
