La problemática en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, la Ley 13 que se discute en la Asamblea y suspende tres hidroeléctricas, así como la suspensión temporal de las licencias eólicas en el país preocupan a inversionistas nacionales.
Para Eduardo de la Guardia, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, esta situación preocupa desde el punto de vista empresarial la estabilidad jurídica de las inversiones en el país y por el mensaje negativo que se está mandando a inversionistas extranjeros.
De la Guardia señaló que el tema de Barro Blanco va más allá de un problema entre las comunidades indígenas y la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), ya que además afecta la banca que financia el proyecto, así como a las aseguradoras que dieron fianzas para la construcción de la hidroeléctrica.
Agregó que le piden al Gobierno que trate de acelerar este diálogo, ya que tienen un año de estar en el mismo y desean que se solucione lo más pronto posible, ya que afecta a muchos actores está situación.
Añadió que a fin de mes hay una licitación de energía importante para el país, en la que se licitarán 350 megavatios, la cual interesa a inversionistas extranjeros, pero el problema de Barro Blanco les afecta para tomar la decisión de participar.
Por su parte, Antonio Chang, del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, indicó que el acuerdo dado entre el Gobierno y las autoridades indígenas está hecho para no llegar a ningún acuerdo, solo para continuar dialogando, pero la naturaleza del mismo no satisface a quienes están en la mesa y no pueden hablar.
Manifestó que las comunidades en la comarca están sumamente desconfiadas ante este acuerdo.
Comentó que, según archivos de la Defensoría del Pueblo, las mismas personas que hoy día se encuentran en el conflicto socioambiental en Chiriquí eran las que estaban en el problema de la hidroeléctrica Tabasará 1 que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que ya hay una historia previa en este tema de las hidroeléctricas.
Chang resaltó que en el subconsciente colectivo de los pueblos indígenas, represar el río Tabasará atenta contra sus creencias religiosas, culturales asociadas al culto Mama Tatda.
Roberto Meana, administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), dijo que el acuerdo al que se ha llegado con los indígenas es buscando poder terminar la obra.
Cifras
3 número de la ley que debaten en la Asamblea y suspende tres hidroeléctricas en el país.
350 megavatios de energía se licitarán en nuestro país a finales de este mes.
20 millones es lo que ha perdido Genisa por atrasos de la obra.
