Simplificar significa: “Hacer más sencillo, más fácil o menos complicado algo”, según la Real Academia Española, un verbo que los panameños van a tener que escuchar cada vez más frecuentemente, porque es lo que esperan ocurra con el sistema tributario, y el gobierno asegura pretende hacer, aunque la reforma fiscal que se discute en estos días más bien parece complicarlo, según el abogado José Javier Rivera, ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Cámara de Comercio.
“En lugar de hacerlo más simple, continúan creando pasos que lo vuelven más engorroso”, lamentó.
Sobre esto, el viceministro de Finanzas Dulcidio De La Guardia reiteró al Panamá América que, almenos en lo que se refiere a la enajenación de inmuebles, “no se pretende reformar esto, la tasa de impuesto, si no simplificar el proceso”, aunque la propuesta dedica 17 de sus 50 artículos a esta actividad.
Agregó que la obligatoriedad de pagar el impuesto de inmueble se mantiene como obligatorio para los de un valor superior a los “30,000, esto no se pretende reformar.”
El gobierno espera que los cambios y costos que implican estas enmiendas al Código Fiscal no se trasladen al consumidor.
“No, aquí se gravan sectores que no tributan y que están exentos de impuestos”, contestó el viceministro.
Consultado sobre el impacto que recibirán las micro, pequeñas y medianas empresas con las reformas, como gravar con el 5% del ITBMS a la telefonía fija comercial, contestó que “la pregunta es porque deben de estar exoneradas? al igual que los otros servicios afectados.
En cuanto al pago de dividendos, explicó que “hoy en día las empresas escogen a su antojo de donde pagan los dividendos como si el dinero no es fungible. Pagan los dividendos de los ingresos exentos para no pagar impuesto de dividendos y capitalizan los ingresos gravables para no pagar impuesto complementario. Por esta vía se han dejado de pagar millones de balboas en impuestos”.
Finalmente, el impuesto de dividendo es de sólo el 10% y está dirigido a las personas pudientes que lo pueden pagar, justificó De La Guardia.
Un cambio que se introduce es la asignación de parte de los $70 millones anuales que se recolecta con el impuesto a los préstamos comerciales, del 1%, que pagará el subsidio que da el Estado a los intereses preferenciales en los préstamos hipotecarios.
