Solicitan al presidente Laurentino Cortizo vetar proyecto que modifica ley general de los puertos

La Cámara Marítima de Panamá solicitó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetar el proyecto de Ley No. 94 que  modifica  la  Ley  56  de  2008, General  de  Puertos  de  Panamá, a fin de mantener el desarrollo y posicionamiento del país a nivel internacional, que requiere de estabilidad jurídica para las inversiones.

De acuerdo con el gremio, el texto aprobado por el pleno no refleja lo consultado y acordado por todas las partes ni obedece  a  lo  consensuado  en  las reuniones sostenidas  esta  semana  en la  Asamblea Nacional.

"En el proyecto se incorporó el artículo 75-A que establece un nuevo salario mínimo  por  hora  para  los  trabajadores  de  las  empresas  concesionarias,  contratistas  y subcontratistas  de  puertos  y  terminales  de  transporte  marítimo  en  todo  el  territorio nacional", indicó la Cámara Marítima de Panamá.

"Los salarios mínimos son regulados por el Código de Trabajo de la República de Panamá y revisados periódicamente, por lo que es insólito e inaceptable que se pretenda imponer mediante  leyes  paralelas  modificaciones  a los  salarios vigentes, lo  que  representa  una distorsión al ordenamiento jurídico nacional", agregó el gremio. 

Acotó que para la industria marítima nacional, representada por el gremio, es una prioridad el bienestar de los trabajadores portuarios, sin embargo, esta intromisión en el desarrollo de la  libre  empresa establece fueros  y  privilegios que  ponen  en  riesgo  los  más  de  10 mil empleos directos e indirectos de trabajadores de los puertos de Panamá. 

Los puertos en Panamá han hecho que la actividad logística sea de mucha importancia, convirtiéndose en una de las principales industrias que mueve la economía panameña.

El Sistema Portuario de Panamá está conformado por 41 puertos, de los cuales 22 son administrados por la Autoridad Marítima de Panamá a través de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, fundamentalmente puertos pequeños que dan servicio al transporte internacional y de cabotaje.

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Los restantes 19 puertos son administrados y operados por empresas privadas que desarrollan sus actividades bajo la fiscalización de esta Dirección General, a través de las capitanías de puertos ubicadas en el Atlántico y en el Pacífico.

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