Unas 13 asociaciones representativas del comercio, hoteleros, transportistas, dueños de discotecas, restaurantes y hasta de push bottom, han solicitado oficialmente la suspensión temporal del cobro de las tarifas que la Sociedad Panameña de Compositores (SPAC), pretende ejecutar por la utilización pública con fines lucrativos, de obras musicales de autores y compositores nacionales y extranjeros.
Los gremios dirigieron una solicitud al Ministerio de Educación, específicamente a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, requiriendo su mediación, porque estiman que ésta es la instancia obligada a inspeccionar y supervisar a las sociedades de gestión colectiva, como la SPAC.
Sin embargo, la presidenta de la SPAC, Cristina García, manifestó que la institución no tiene injerencia sobre el tema, "porque la ley se aprobó desde hace 5 años, y establece claramente que las regalías se empezarán a cobrar después de los 30 días de haberse publicado".
Las tarifas fueron publicadas el 21 de noviembre, lo cual indica que en términos legales podrían ser implementadas a partir del 1° de enero del 2001. García asegura que probablemente no se empiecen a cobrar las tarifas en esa fecha, porque aún el mercado no está identificado, es decir, los negocios no cuentan con una licencia para utilizar el repertorio musical que manejan.
Por su parte, los empresarios pidieron la revisión de las tarifas publicadas por la SPAC, que van desde los 24 hasta los 100,000 dólares. Proponen también una evaluación de las diferentes por categoría de usuarios, tomando en consideración la importancia de la música en el negocio y que su ejecución, sea más que todo, con fines de lucro.
Entre las asociaciones que hicieron estas peticiones se encuentran: la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Asociación de Restaurantes y Bares de Panamá, la Asociación de Promotores de Espectáculos Bailables, el Sindicato de Trabajadores de la Música, Artística y Similares de Panamá, la Asociación de Bares, Discotecas y Clubes Nocturnos, la Asociación Nacional de Acordeonistas, la Asociación de Locutores Típicos de Panamá, la Unión Nacional de Bases Taxistas y Transporte Público, la Asociación Panameña de Hoteles y la Asociación Iberoamericana de Panamá (casas de ocasión.
En tanto, el abogado Adolfo Linares, representante de la Asociación Panameña de Hoteles, destacó en la carta enviada al Ministerio de Educación, que ninguno de los usuarios afectados, conoce el repertorio de los artistas que supuestamente representa la SPAC, "lo que es esencial para conocer con seguridad qué es lo que se pagará".
En este sentido, García precisó que no es necesario publicar el repertorio de los compositores nacionales e internacionales que representan, porque físicamente es imposible proporcionales una lista de 500 millones de canciones.
"A los comerciantes les debe preocupar tener esa lista, porque deben facilitar el repertorio que utilizan, y así se cobrará lo que corresponde. A nosotros no se nos ocurrirá cobrar por una composición que no representamos". LA COBRANZA DE LA DISCORDIA
En la carta enviada a la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, las instituciones expresaron su inconformidad en cuanto a la gestión de cobro que se pretende aplicar. Sustentan que la SPAC, es la única autorizada para administrar los ingresos que resulten del cobro de las tarifas, a pesar de eso se ha firmado un contrato con la Sociedad Anónima de Recaudaciones Corporativas Directas S.A. (RECORD), para que ejecute ilegalmente las cobranzas.
RECORD se inscribió como sociedad anónima en el Registro Público el 31 de marzo de 2000. Cuando se constituyó, la empresa, tenía en capital un millón de acciones con valor nominal, pero posteriormente este capital aumentó a mil millones de acciones con el mismo valor.
En la escritura 8,790 por la cual SPAC y RECORD celebraron el contrato de prestaciones de servicios profesionales en la décima cláusula que comprende las contraprestaciones, se establece que RECORD no cobrará más del 20% de las ganancias brutas recaudadas directamente por la SPAC, pero en un anexo se detalla que la recaudación rubro por rubro en donde cobrarán desde el 20% hasta el 50%.
En este sentido, el licenciado Linares recalca que matemáticamente, no entiende cómo cobrarán sólo el 20% cuando también se les autoriza a cobranzas por un monto mayor.
El contrato tendrá una duración de 8 años, pero será renovado automáticamente si en este lapso de tiempo se logra dicho propósito con una recaudación de 10 millones de dólares. En este supuesto se extenderá por 8 años adicionales. Si finalizado este período RECORD S.A., logra cobrar 25 millones de dólares, se podrá prorrogar la vigencia del contrato. En opinión de los gremios, se pretende cobrar sumas millonarias a expensas de negocios, en difícil situación, por la desaceleración económica que confronta el país.
