Sugieren cambios en la ley de crédito

La ley 24 del 22 de mayo de 2002 que regula la información del crédito en Panamá mejoro, según sus creadores, el sistema en gran medida.
Pero directivos de la Asociación Panameña de Crédito (APC) sostienen que la ley debe ser mejorada con la introducción de una herramienta de puntuación o "score" que permita predecir el comportamiento crediticio del consumidor.
Según Juan Barragán, presidente de la junta directiva de la APC, esta asociación trabaja en un instrumento que elimine la subjetividad de la ley, de manera que el consumidor sea mejor sujeto de crédito.
El problema radica en que la ley 24 en su capítulo de Prohibiciones, numeral 4, sobre calificativos del consumidor al cliente, prohíbe incluir en la base de datos, historial de crédito de cualquier tipo de calificativo, sobre el comportamiento de sus obligaciones crediticias.
Es decir, que el "score" podría ser interpretado como un calificativo al consumidor, pero la APC advierte que se trata de una medida estadística y no un calificativo.
Luz Maria Salamina, gerente general de la APC indicó que el "score" es una herramienta utilizada por más de 20 años en países desarrollados. Este modelo determina la probabilidad de recuperación de una transacción de crédito. Además, trabaja con el pasado más reciente del consumidor para predecir el comportamiento crediticio de los próximos meses.
El "score" utiliza un método científico para determinar las variables crediticias del comportamiento y entrega como resultado una puntuación.
El puntaje más, representa mayor riesgo, el más alto representa, menos riesgo.
Salamina dijo que la implementación de este sistema requiere de una legislación.
"De ser introducido impactaría la economía porque el otorgamiento de crédito utilizando herramientas de evaluación estadística beneficia al consumidor que mantiene un buen crédito, pues le permite mejores condiciones y términos en relaciones futuras.
Otro segmento que se vería beneficiado son las Pequeñas y Medianas Empresas, ya que los agentes económicos podrían evaluar el crédito con mayor confiabilidad.
Además, facilita la implementación de las normativas del Acuerdo de Basilea 11.