Sugieren que el Gobierno no suministre servicios

La privatización de las telecomunicaciones, la electricidad y los puertos ha generando ingresos para el Estado, incrementado las inversiones y la generación de empleos.
De acuerdo con el economista, Carlos Ernesto González Ramírez, esto es una muestra de que el Gobierno debe dejar de ser "juez y parte" en los sectores que mueven la economía.
El planteamiento surge luego de conocerse una carta enviada por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Vallarino, al presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, en donde le indica que el Estado cuenta con activos que potencialmente podrían ayudar a reducir la deuda.
Por consiguiente, afirma el documento, "están evaluando alternativas y estudios, incluyendo la posibilidad de venta, concesión y apertura al sector privado en ciertas actividades actualmente reservadas para el Estado".
En estos momentos, el Estado cuenta con varios activos como tierras, equipos e instituciones, entre las que se encuentran la Caja de Seguro Social, la Caja de Ahorros, el Banco Nacional, el Banco de Desarrollo Agropecuario, acciones en Cable & Wireless, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Centro de Convenciones ATLAPA, y los Correos Nacionales, entre otras.
Sin embargo, en un comunicado de seis párrafos el ministro Vallarino dijo ayer que "el gobierno no ha suscrito ninguna carta de intención que lo comprometa a privatizar empresas estatales".
Lo que existe, dijo, son "comunicaciones normales" que se realizan con los organismos internacionales para informarles sobre los temas macro económicos, el manejo de las finanzas públicas y de cómo se van a realizar los procesos de saneamiento de la deuda pública, así como el control del gasto y el crecimiento económico.
Las comunicaciones se están dando "a través de cartas", con el Banco Mundial, el BID, y el Fondo Monetario Internacional, afirmó.
Agregó que en ellas se explican temas como el de la ampliación del Canal, así como de las inversiones que ha realizado el Estado con empresas para generación eléctrica, para la empresa procesadora de Davis y el desarrollo de Howard.
Pero el economista González Ramírez reiteró que cuando el Gobierno es "juez y parte", solo apunta hacia el detrimento de la población.
Esto, añadió, ha quedado evidenciado en la crisis que vive la Caja de Seguro Social, pues el Gobierno suministra y al mismo tiempo regula los servicios.
Precisamente, sobre esta entidad, Vallarino informó que al Banco Mundial le ha explicado lo que se está haciendo para hacer ajustes en esta institución, con el propósito de que el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte sea sostenible financieramente.
Pese a esto, González Ramírez recomendó que el Gobierno separe las funciones de regulador y suministrador, y ponga medidas de equilibrio que eviten conflictos.
Insistió en que al país no le ha ido mal con las privatizaciones, pues las quejas se dan en los servicios donde el Estado es accionista.
¿Será el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) una de las instituciones próximas a privatizar?
Ante esta interrogante, su director, Juan José Amado III, ni siquiera pestañeo para decir que la entidad está lejos de privatizarse.
"No existe ningún plan o estudio encaminado a una privatización", por lo menos dentro de la agenda del presidente Torrijos, aseguró.
Amado III reiteró que el IDAAN continuará como una institución pública, por lo que "los ciudadanos no tienen de qué preocuparse", aunque está consciente de que una posible privatización sería muy delicada para los panameños.
Destacó que no cree que exista suficiente capital para cambiar al sector privado el actual esquema operativo de la entidad, cuyos activos superan los 2, 000 millones de dólares.
En este sentido, una y otra vez desestimó cualquier privatización en futuras administraciones, y sobre todo en la actual gestión.
No obstante, existe una carta donde el ministro de Economía, Carlos Vallarino, comunica al presidente del Banco Mundial que el Estado cuenta con activos que potencialmente pueden ayudar a reducir la deuda, que a agosto superaba los 10 mil 601 millones de dólares.