En promedio, cada 8 de 10 panameños de clase media - alta porta en su billetera más de una tarjeta de crédito para financiar sus compras.
Esta tendencia que cobra cada día más importancia, ubica a Panamá como uno de los países con la tasa de endeudamiento más alta, junto a El Salvador y Chile, según los estudios que adelanta Luis Flores, representante de Consumers International.
Pero no solo se trata de las percepciones que manejan los expertos, sino del comportamiento que refleja el saldo de crédito existente en bancos.
Precisamente este renglón aumentó 159.4 millones de balboas en agosto, si se compara con igual periodo de 2009, según la data existente en la Superintendencia de Banco de Panamá.
El saldo de crédito del denominado dinero plástico pasó de 629.8 millones de balboas durante los primeros ocho meses del 2009, a 789.2 millones de balboas durante el mismo periodo de este año.
Pero los índices no solo han aumentado agresivamente en Panamá, sino que es un comportamiento que está adoptando la región, manifestó Flores durante IV Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor.
Y es que en el ambiente de consumo ha surgido un nuevo fiador. Tradicionalmente las personas que deseaban aplicar por una tarjeta de crédito tenían que acudir a los bancos. Allí los trámites son exhaustivos, pues exigen requisitos puntuales y con previa autorización.
Ahora los comercios también están incursionando en este negocio mediante el autofinanciamiento de instrumentos crediticios y otra, a través de emisiones de bancos.
En Panamá, por ejemplo, tiendas como Félix B. Maduro y algunas cooperativas están emitiendo tarjetas de crédito personalizadas.
Fiscalización.
Los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito quedaron titulados en la Ley 81 de 2009.
El reglamento establece que las entidades bancarias tienen la obligación de divulgar con 30 días de anticipación la variación de las tasas de interés, uno de los puntos más cuestionados por los usuarios de tarjetas de crédito en el país.
La ley incluso indica que el contrato perdurará por el tiempo que las partes acuerden. En el caso de que el usuario decida dar por terminada la relación con el emisor, este tendrá la obligación de trasladar el saldo pendiente a una cuenta corriente.
Para velar que esto se cumpla, la Superintendencia de Bancos de Panamá es la entidad encargada de fiscalizar los bancos, mientras que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), atiende los reclamos de aquellos comercios que están emitiendo tarjetas de crédito, indicó Elías Elías, director nacional de Protección al consumidor.
