La empresa española Telefónica del Perú se comprometió a reducir a partir de febrero el monto cobrado por el servicio telefónico a los usuarios peruanos, luego de una intensa controversia que involucró a la compañía, al gobierno y al Congreso.
El Congreso había aprobado un proyecto de ley que establecía la eliminación de la denominada renta básica"", un pago fijo mensual que pagan los usuarios sólo por el hecho de contar con el servicio, independientemente de los minutos que hablen por teléfono.
Telefónica protestó aduciendo que el cobro de la renta básica estaba establecido en el contrato de concesión suscrito con el Estado peruano al concretarse la privatización del servicio de telecomunicaciones.
El ejecutivo anunció la noche del miércoles pasado su decisión de observar la norma y devolverla al Congreso por ser inconstitucional"", ya que el estado está obligado a respetar los contratos suscritos con las empresas privadas.
La idea aquí es respetar la estabilidad jurídica y sin embargo, tratar de reducir las tarifas particularmente para los pobres"", declaró ayer el presidente Alejandro Toledo.
Según anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones, Javier Reátegui, Telefónica se ha comprometido a reducir la renta básica en 31% desde el 18 de febrero próximo.
De esta manera, la renta básica que actualmente era de 57 soles ó 16.29 dólares, pasará a ser de 39.3 soles ó 11.23 dólares. No fue posible obtener un comentario de la empresa.
El Congreso cuestionaba el elevado cobro que por concepto de renta básica cobraba Telefónica, que afirmaba era superior al promedio cobrado en otros países de la región.
Según cifras difundidas por el legislativo, en países como Colombia o Brasil se paga 2 dólares y 9.24 dólares respectivamente por renta básica.
El ex presidente Alan García, líder del opositor Partido Aprista, consideró positivo que la norma aprobada por el Congreso consiguiera presionar a Telefónica para que aceptara reducir sus cobros.
El congresista Yohny Lescano, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, opinó, sin embargo, que la reducción de 31% es aún insuficiente.
