Para corregir su deuda pública y calmar a los mercados, los gobiernos europeos han emprendido este año severos "tijeretazos" sociales que van desde el retraso de la edad de jubilación hasta la supresión de diversas ayudas, medidas que han generado malestar entre la población y oleadas de protestas.
La austeridad presupuestaria ha dado marcha atrás a logros del Estado del bienestar no solo en los países "periféricos" de la UE -Grecia, Irlanda, Portugal y España-, sino también en las economías más poderosas de la UE: Alemania, Reino Unido y Francia.
Casi todos estos gobiernos han optado por endurecer las condiciones de acceso a las pensiones, a lo que han añadido, en función de su situación, el adelgazamiento del funcionariado, la eliminación de subsidios sociales o el encarecimiento de la educación pública, entre otras medidas.
Francia y Grecia ya han aprobado el retraso de la edad de jubilación hasta los 62 y los 65 años, respectivamente, mientras que España prevé elevarla hasta los 67, Reino Unido hasta los 66 e Irlanda hasta los 68.
En el caso de Francia, que contaba con la edad de jubilación más baja de toda la UE (60 años), el límite para cobrar la pensión sin descuentos se elevará a los 67 años, desde los 65 actuales.
Los recortes también han hecho mella en un amplio elenco de ayudas para los sectores más desfavorecidos, como los desempleados de larga duración, que en España han visto suprimida la ayuda de 426 euros, y en Alemania dejarán de recibir subsidios por maternidad y las contribuciones estatales para sus pensiones.