Rechazo
- Organizaciones civiles de seis de las 17 regiones nicaragüenses se han pronunciado contra el proyecto del canal interoceánico porque “significará la destrucción” del Gran Lago de Nicaragua, el reservorio de agua dulce más extenso de Centroamérica.
- Unos 146 miembros del llamado Foro de Chontales firmaron un documento para expresar su rechazo.
La Cámara Nicaragüense de la Construcción prevé que el inicio de la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua, programado para comenzar en diciembre próximo, generará al menos un millón de empleos.
“Es incalculable (las fuentes de empleo), aunque considero que se van a crear de 500,000 a un millón de empleos”, dijo el presidente de esa Cámara, Benjamín Lanzas, al canal 12 de la televisión local.
Según Lanzas, a medida que se vayan ampliando las zonas de construcción en el canal, se van a ir dando más oportunidades de trabajo en diversos sectores.
Asimismo, el líder empresarial calificó ese proyecto como “una transformación para Nicaragua”, debido a que en el sector obrero se quintuplicará el empleo y se necesitará más maquinaria y el uso de las nuevas tecnologías.
Sostuvo que a la Cámara le correspondería calificar más personal, entonces “nos tocaría traer a todos esos obreros que se no han ido a Costa Rica, Panamá y a todos los otros países centroamericanos”.
“Definitivamente, esperamos que esto se lleve a cabo muy pronto”, añadió.
El Gobierno de Nicaragua ha anunciado que la próxima semana dará a conocer la ruta que finalmente tendrá el canal, cuyo diseño, construcción y administración hasta por 100 años concedió en junio de 2013 al grupo chino HKND Group, que deberá invertir al menos 40 mil millones de dólares en el proyecto, según los datos disponibles.
Según la ley que lo rige, el canal nicaragüense para el paso de grandes buques entre el Caribe y el Pacífico podría estar parcialmente construido en 2019, año en el que tendría capacidad para captar 416 millones de toneladas métricas, lo que representaría el 3.9% de la carga marítima mundial.
La zona de construcción del canal será declarada de “utilidad pública” y el Estado indemnizará a los dueños de los terrenos afectados en un plazo no mayor de 10 años, de común acuerdo entre las partes.
El proyecto incluye una vía acuática más ancha que el Canal de Panamá ampliado y uno seco ferroviario, oleoductos, dos puertos de aguas profundas, zona franca y un aeropuerto, tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.
