Una apertura sin norma conduce a la anarquía

Si el Gobierno le otorga una licencia para importar y comercializar combustible al sector transporte, este grupo deberá reglamentarse y regirse por el mismo marco jurídico, fiscal y técnicas bajo las cuales operan las petroleras. De lo contrario, se estaría dando un trato preferencial, e injusto, aseguró Francisco J. Quevedo, economista- asesor en Planificación y Estrategias de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). La preocupación del experto en negocios petroleros se centra ¿en cómo se propone el Estado reglamentar la incursión de los transportistas en esta actividad?
"Recordemos que una apertura sin normas conduce a la anarquía", dijo. Agregó que si no se parte de este punto pronto, "otros grupos de interés" y consumidores importantes podrían entonces solicitar iguales tratos con el Gobierno, algunos incluso, bajo amenaza de huelgas, similar al presente caso.
Quevedo advirtió que el Gobierno debe evaluar entre otros aspectos: bajo cuáles normas operarán, cómo se abrirá el suministro a la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA) sin abrir a la vez una ventana para el contrabando de diesel hacia el mercado local. Adicional, deberá analizar cuáles estándares de calidad y seguridad deberán reforzar y, dónde queda la recaudación de los impuestos que fija el fisco en la materia.
Por otro lado, este negocio en el sector transporte debe ser evaluado con respecto a la apertura del mercado del combustible en Panamá, el cual da fin al monopolio de la Refinería como único importador, antes procesador.
"Es decir, la apertura tiene su lógica "río arriba" en la importación porque surgirán nuevos proveedores, patios de tanques y demás facilidades", indicó Quevedo. Pero "río abajo", a nivel del detal, Panamá está sobresaturado de estaciones de servicio, una para cada 6 mil habitantes contra 1 por 14 mil para Venezuela, por ejemplo.
Según el experto, está atomización del mercado comprime los márgenes, pues extrema la competitividad entre distintos puntos de venta. En Panamá las "bombas de gasolina" actúan en concierto en materia de precios, cuando una -digamos que en la Tumba Muerto- baja 2 centavos por galón, sus vecinas rápidamente se alinean con este nuevo precio.
De manera que "lo que se supuso inicialmente sería una apertura de importación, se ha convertido ya en un río revuelto, donde diversos actores sin mayor experiencia ni respaldo pretenden entrar en un negocio que tiene sus particularidades" , señaló Quevedo.
En consecuencia, estimó que entrarán nuevos actores, algunos quebrarán y las estaciones de servicio existentes verán sus volúmenes afectados y no se descartan pérdidas de empleos al nivel detal, dado que este sector emplea a no menos de 4 mil personas.
El economista destacó que en el caso de Venezuela, el número de estaciones de servicio ( 1,600 para una población de 23 MM ) permite un adecuado nivel de servicio. Además, los consumidores consiguen combustible donde y cuando lo necesitan, "lo que debe procurar el Gobierno" indicó.
Sin embargo, aunque el precio está subsidiado ( cuesta 22 centavos por galón ), lo cual le ocasiona cuantiosas pérdidas al Estado, no se producen mejoras en precios y la competencia se centra en el servicio y los valores agregados.
Hay estaciones en Caracas que ofrecen comida japonesa en sus tiendas, con centros de lubricación, es decir aprovechan al máximo cada metro cuadrado. "Es allí donde está el asunto; la competencia no se basa en precios exclusivamente, sino en calidad y servicio, lo cual está demostrado en nuestros estudios," puntualizó el experto.
Los transportistas del país crearon la empresa CANATRA S.A. que será la responsable de la compra y venta de combustible directamente con las plantas procesadoras. Tanto la empresa CANATRA S.A. y la Cámara Nacional del Transporte son presididas por el dirigente sindical Esteban Rodríguez.
En esta empresa figuran otros dirigentes, como Tomás Juárez, Luzmila Angulo, Ramón Rodríguez, Dionisio Ortega, Candelario Sánchez y Carlos Martínez, quienes además forman parte de la cámara.

Los transportistas defienden la creación de esta empresa, porque es la forma de concretar los acuerdos que se pactaron en marzo pasado con el Gobierno, que además conlleva la creación de una Fundación Transportista que administrará los fondos producto de la separación de los 0.02 centésimos por cada galón de combustible y que se utilizará para educar a transportistas.