Una carrera administrativa incompleta

CADA VEZ que viene un nuevo Gobierno, a Juan Aguilar le cuesta conciliar el sueño. Mientras da vueltas en la cama, su pensamiento se convierte en un túnel profundo y oscuro en donde el fantasma del despido laboral revolotea con insistencia.
Al igual que él, la mayoría de los 163 mil funcionarios permanentes pasan cada cinco años por el mismo estrés, ya que sus puestos de trabajo dependen de la "buena voluntad" de quienes se encargarán de regir el destino del país.
Pero, para hacerse merecedor de esa "buena voluntad", el funcionario debe estar inscrito en el partido político que ganó las elecciones, o poseer una "buena palanca". Ambos son un amuleto para al menos aspirar a jubilarse.
Una de las vías más factibles para evitar ser literalmente barridos, dicen los entendidos, sería la aplicación de la carrera administrativa, una serie de normas legales que datan de 1994 y que buscan garantizar la estabilidad de los funcionarios.
No obstante, en estos momentos el Gobierno le adeuda unos 7 millones de dólares a un número considerable de funcionarios que fueron despedidos, aun estando en la carrera administrativa.
"Pero al menos es una tabla de salvación que permite que nos respeten, aunque sea un poco", afirma en son de queja Juan Aguilar, al ser cuestionado sobre la efectividad de la misma.

Detrás de sus gruesas grafas, el director de Carrera Administrativa, Arnulfo De León, informó que a mitad del 2008 -antes del período pre-electoral- se espera que por lo menos 40 mil funcionarios ingresen a este sistema.
Ante esta afirmación, el secretario general de la Federación de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal, pidió cautela, alegando que durante la administración de Ernesto Pérez Balladares a última hora se dio una acreditación masiva, que luego no fue respetada por el gobierno de Mireya Moscoso.
Un informe de la Contraloría da cuenta de que a septiembre de este año había 163 mil funcionarios en planilla, de los cuales 145 mil eran permanentes y unos 18 mil eventuales.
En opinión del exdirectivo de la FENASEP y hoy diputado, Leandro Avila, los Gobiernos han utilizado los puestos públicos como una "finca particular".
Por ende, manifestó que espera que este año se apruebe en la Asamblea Nacional la reforma a la Ley No.9 de 20 de junio de 1994, que dicta normas sobre la carrera administrativa, "para hacerla más independiente".
El hoy diputado por el partido en el poder recuerda haber recibido en su despacho varios casos de despidos de funcionarios que estaban en la carrera administrativa, y en donde prevaleció "el capricho de los jefes, más que una verdadera causal".
A esto, al parecer, es a lo que teme Juan Aguilar, cada vez que viene un nuevo Gobierno.