Usuarios y empresas del sector también perdieron por el deterioro de las redes de distribución. De la suma que dejaron de pagar los usuarios informales, 406,337 millones de pesos salieron de los bolsillos de los consumidores que cancelan el servicio vía factura y los restantes 377,795 millones, lo asumieron las empresas que llevan la energía a los hogares, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Esta energía se fue al caño por acometidas ilegales, incluso en los estratos altos de la población, robo, deterioro de redes, degradación del conflicto armado y hasta por ineficiencia en la gestión de las empresas, especialmente las controladas por el mismo Gobierno.
El problema va en aumento debido al fenómeno del desplazamiento y la crisis económica. Un estudio del Departamento de Planeación, presentado en el foro "Pérdidas de energía", organizado por la Asociación de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), reveló que en Colombia hay por lo menos 1.2 millones de usuarios (un usuario equivale a una unidad familiar de 5 personas) en la ilegalidad. De esa cantidad, 178,000 son desplazados por la violencia.
Y hay otro tanto, unos 600,000, a los cuales todavía no les llega la energía eléctrica. Según la Superintendencia de Servicios Públicos, hay empresas en las que los clientes denominados subnormales superan el 17 % del total de la población atendida.
De acuerdo con Sandra Fonseca, experta comisionada de la Creg, hoy la regulación sólo les permite a las empresas el traslado a los usuarios, vía tarifa, de un nivel de pérdidas de 14.75 %. Si estas superan ese porcentaje deben ser asumidas por las electrificadoras.
La misma funcionaria explicó que debido a las circunstancias mencionadas arriba, el promedio nacional puede estar alrededor del 22 %, pese a los esfuerzos de muchas compañías, en su mayoría las del sector privado, por reducir el indicador.
"A pesar de las cuantiosas inversiones realizadas que superan los 200 millones de dólares, y de los logros en facturación, los niveles de pérdidas apenas se acercan a los exigidos por la regulación", dijo Gustavo Galvis, presidente de Andesco. El problema es que si la Creg es más flexible con el nivel de pérdidas aceptadas, esto se reflejaría de forma inmediata en la tarifa al usuario final. De acuerdo con Fonseca, cada punto porcentual en que se autorice subir las pérdidas, el costo de generación y transmisión se aumentaría en 1.2 % lo que se traduce en un incremento promedio del 0.6 % en la residencial.
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