Primero fue la quiebra del Grupo Adelag, luego Sears, Banco Disa y Fotokina, sin contar a las empresas chicas. ¿Qué está pasando en Panamá? ¿Podrán los bancos seguir resistiendo pérdidas millonarias por préstamos irrecuperables? ¿Serán los depositantes de estos bancos los que pagarán las consecuencias?
Lo cierto es que el sistema financiero de Panamá está empezado a enfrentar un problema de confianza y falta de un marco jurídico adecuado.
En Panamá, al igual como ocurre en los Estados Unidos por el caso Enron, la culpa de esta situación se ha enfocado casi de forma total hacia las empresas auditoras.
Sin embargo, el director de KPMG, una de las firmas auditoras más importantes en Panamá y el mundo, Alberto Diamond, indicó que en el país hay un problema de institucionalidad en el sistema financiero, por lo que no se le puede atribuir toda la culpa a los contadores y auditores de las empresas en problemas.
Según Diamond, el marco jurídico del sistema financiero panameño no es el adecuado, sobre todo cuando se tiene un centro bancario importante y empresas grandes que están manejando millones de dólares.
"La prueba está en que las pérdidas de las empresas que han fallado ascienden a 120 millones y 55 millones de dólares. Se está hablando de mucho dinero y siempre alguien sufre las consecuencias", resaltó Diamond.
Advirtió que cuando se presentan estas quiebras, cualquier banco puede sufrir consecuencias grandes que afectarán eventualmente a los depositantes. "Toquemos madera para que eso no ocurra", dijo.
Por suerte el sistema bancario panameño ha tenido hasta ahora la posibilidad de absorber estos golpes, acotó Diamond.
Manifestó que la revisión del sistema financiero panameño debe tratarse con urgencia. "Ahora estamos empezando a ver que el mundo se maneja de una manera distinta y que ya tenemos un centro bancario importante, una actividad económica importante y necesitamos un marco jurídico más sofisticado, con mejores reglas", sustentó el director socio de KPMG.
Diamond indicó que las firmas de auditoría y contabilidad son parte del problema, pero también lo son las empresas, instituciones reguladoras y el marco jurídico.
"Ciertamente necesitamos asegurarnos que la función del contador público sea más efectiva y que cumpla cabalmente con el papel que le corresponde, añadirle valor o credibilidad a la información financiera que se necesita para que el sistema financiero funcione", admitió Diamond.
Se tendrán que dar transformaciones importantes en la actividad de los contadores públicos y un cambio de enfoque en la auditoría, para darle fortaleza a cierto procedimientos y pruebas que hace el auditor, dijo Diamond.
"El mercado está exigiendo que el auditor analice profundamente las posibilidades de que exista fraude en la empresa", afirmó.
Asimismo, sostuvo que ya se han empezado a tomar algunas medidas por parte del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, los empresarios y las autoridades reguladoras.
En la actualidad se está discutiendo el anteproyecto de ley de concordato o reestructuración financiera de las empresas en dificultades.
Diamond dijo que esta ley es necesaria para que las empresas puedan reestructurarse en una situación de iliquidez.
También señaló que en Panamá se requiere tipificar la manipulación o tergiversación de la información financiera como fraude, tal y como se tiene en los países avanzados.
Diamond señaló que este tema requiere de un análisis, porque Panamá necesita actualizarse en legislación financiera y ponerse al nivel de los países avanzados.
"Los reguladores panameños están trabajando para tipificar todas estas cosas, pero todavía hay mucha tela que cortar. Este es un tema muy extenso", arguyó el director de KPMG.
Por su parte, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados está trabajando en el proyecto de control de calidad, el cual busca darle un valor agregado a los trabajos de contabilidad a través de un sello.
El control de calidad establecerá ciertos estándares que las firmas tienen que cumplir. Se nombrará a un equipo de técnicos externos que revisarán los trabajos de las firmas para ver si cumplen con esos estándares.
Por otra parte, Diamond sostuvo que el programa de Gobierno Corporativo, que en la actualidad sólo aplica para bancos y empresas públicas, tiene que ser una exigencia a un mayor número de empresa porque a través de este sistema se fijan responsabilidades a los directores y administradores de las empresas.
"Nosotros los auditores siempre señalamos que la información de los estados financieros es de la empresa y no nuestro", expresó el director de KPMG.
Añadió que los directores de las empresas tienen la responsabilidad primaria sobre la información financiera.
A raíz del problema de Enron, en los Estados Unidos lo que se quiere hacer es que los directores de las empresas certifiquen que la información financiera que aparece en los estados financieros es veraz.
¿Aceptarán los directores o ejecutivos de las empresas panameñas que se les obligue a certificar que la información de los estados financieros es veraz?
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