La población crece exponencialmente cada año por lo que el país se ve impelido a elaborar urgentemente un plan de desarrollo urbanístico acelerado que tome en cuenta las necesidades de los ciudadanos, sujeto y objeto de toda gestión pública bien fundamentada, y la disponibilidad de recursos económicos en el sector público y privado para acomenter tan magna gesta.
Sabido es que en Panamá hay un déficit habitacional de al menos 150,000 viviendas, enorme cantidad de residencias que ningún gobierno, sólo, podrá construir jamás.
Es por ello que resulta saludable crear estímulos para que la iniciativa privada arriesgue su capital en estos programas, pero a la vez debe establecerse mecanismo que garanticen la recuperación de la inversión con una ganancia razonable.
Eso es lo que esperamos del Gobierno, que vigile el actual desarrollo inmobiliario de Panamá Oeste, en donde se han concentrado cuantiosas inversiones en bienes raíces para atender una demanda insatisfecha.
Mientras la reforma fiscal afectó el valor de los terrenos destinados a vivienda, cargándolos con nuevos impuestos como el de inmueble y el del ITBMS a los seguros, la principal cementera del país testimonia que ha reducido ligeramente el precio del saco de cemento, pero es impotente para exigirle a los comercializadores que trasladen ese beneficio al consumidor. ¿Donde está el Estado, no es su obligación constitucional velar por el bienestar general?.
No basta con un programa de ayuda para el que puede pagar una vivienda de interés social, ¡hay que actuar!
