El Gobierno ecuatoriano inició un proceso para denunciar algunos acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones, informó hoy la prensa local al apuntar que el tema lo analiza la Asamblea Nacional (ex Parlamento) por pedido del jefe de Estado, Rafael Correa.
El pedido presidencial se remitió a la Asamblea el pasado 28 de septiembre, publica el diario El Comercio al anotar que estos instrumentos, firmados por el Estado entre 1968 y 2001, según el argumento oficial, "están en contradicción con lo que dispone la Constitución vigente y perjudican los intereses nacionales".
Los acuerdos que serán denunciados por pedido del Ejecutivo son los que el país firmó con Finlandia y Suecia en 2001, Países Bajos en 1999, Canadá y Alemania en 1996.
También los suscritos con China, Francia, Reino Unido, Irlanda y Argentina en 1994. Los de Chile, Venezuela y EE.UU. de 1993, y el de Suiza en 1968.
El Ejecutivo señala que el artículo 422 de la Constitución impide celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias del arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Gobierno o personas naturales o jurídicas privadas.
Precisamente, estos acuerdos bilaterales fijan como instancias de arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que pertenece al Banco Mundial y a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
El plazo para que la Asamblea se pronuncie sobre este pedido concluye el próximo miércoles.
Linda Machuca, del movimiento oficialista Alianza País, integrante de la Comisión de Soberanía de la Asamblea que prepara el informe de mayoría sobre este tema, sostuvo que la posición de Correa es coherente con el texto constitucional.
La mencionada Comisión recibirá mañana a representantes de los sectores productivos privados.
Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial Ecuatoriano, asegura que "los acuerdos de protección de inversiones son moneda corriente en todos los países del mundo".
"No queremos ser suspicaces y pensar que esto pudiera ser un paso adelante para, a futuro, propiciar estatizaciones de inversiones bajo la denominación de sectores estratégicos", señaló.
El canciller en funciones, Lautaro Pozo, explicó que los convenios de protección de inversiones tienen una duración de diez años y, cuando los denuncia un Estado, estos tienen vigencia por otros 10 años.
"Por lo tanto, no significa que mañana denunciamos y los inversionistas ya no tienen protección", precisó.
Un grupo de juristas y técnicos de la cancillería adelanta la elaboración de un documento marco, denominado Convenio de Protección de las Inversiones Complementarias, que se propondrá a estos países.
Según Pozo, "será un proceso de negociación duro, porque estos convenios son estándares".
