El Gobierno de Ecuador dijo hoy que aún no ha decidido cuántas personas saldrán obligatoriamente del servicio público como parte de un plan para reducir su volumen, pero que en todo caso no serán las 100.000 de las que ha hablado la oposición.
En una rueda de prensa, Richard Espinosa, ministro de relaciones laborales, explicó que se trata de "una compra de renuncias con indemnización obligatoria", la cual permitirá "racionalizar" el sector público.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, explicó el jueves el plan, el cual prevé el pago de la jubilación a personas mayores de 70 años en dinero en efectivo y para las menores de esa edad la mitad en efectivo y la mitad en bonos del Estado.
La oposición ha criticado la iniciativa, por creer que perjudicará a los funcionarios. El asambleísta Andrés Pérez, del partido Izquierda Democrática, calificó hoy la propuesta en un comunicado como "inhumana" y sugirió que Correa reciba su sueldo en bonos.
Espinosa dijo que los distintos ministerios tendrán que elaborar una lista de personas que saldrán del funcionariado, pero que en todo caso su número no será "ni de lejos las 100.000" de las que habla la oposición.
También recalcó que una parte de los puestos serán cubiertos por otros trabajadores, que accederán a ellos por concurso.
Páez advirtió, sin embargo, de que el Gobierno pretende que accedan a ellos militantes del movimiento político del presidente.
