El procurador general de Ecuador, Diego García, señaló hoy que la estadounidense Chevron-Texaco "utiliza los mecanismos del tratado bilateral de protección de inversiones entre EE.UU. y Ecuador para evadir su potencial responsabilidad" en un juicio ambiental en su contra en el país andino.
García se refirió así al segundo proceso de arbitraje internacional interpuesto por la petrolera, cuya primera audiencia procesal se llevará a cabo la semana próxima en Londres.
En un encuentro con periodistas, junto a sus colaboradores, García repasó la situación judicial entre el Estado ecuatoriano y la empresa y aseguró que los procesos internacionales de arbitraje iniciados por Chevron-Texaco responden a su negativa a "recibir una sentencia" en un juicio por daños ambientales en la Amazonía.
Ese juicio, que se realiza en la Corte ecuatoriana de Lago Agrio, en la provincia amazónica de Sucumbíos, es producto de un reclamo iniciado hace casi dos décadas por las comunidades amazónicas que demandan a la petrolera 27.000 millones de dólares por daños ambientales.
De acuerdo con García, en el proceso de arbitraje, que se inició el pasado septiembre en el tribunal internacional de La Haya, Chevron pretende "trasladarle los resultados del proceso de Lago Agrio, en el que Ecuador no es parte procesal" al Estado y, si la empresa es condenada, que el Estado ecuatoriano "tenga que pagar".
En su demanda la petrolera argumenta, entre otros aspectos, que Ecuador ha violado las obligaciones del Tratado Bilateral de Inversiones con EE.UU. "por haber permitido la continuidad del proceso que por remediación ambiental siguen habitantes de la Amazonía ecuatoriana" en su contra, explicó García.
"Lo que Chevron pretende es que Ecuador paralice el proceso de Lago Agrio, lo que el Estado no puede hacer porque se trata de una demanda y un juicio entre partes privadas", agregó.
Asimismo, Chevron busca, que "se declare que no tiene ningún tipo de responsabilidad derivada de su actividad en Ecuador como concesionario" y que el Estado y la empresa petrolera pública, Petroecuador, "son los únicos responsables de cualquier sentencia dictada en el juicio de Lago Agrio", señaló el funcionario.
No obstante, García aseguró que los procesos que se iniciaron en contra de la petrolera por daños ambientales se refieren a fechas anteriores a que Petroecuador se hiciera cargo de los campos que explotaba Texaco.
Por otra parte, precisó que el argumento de la petrolera de que el Estado firmó un contrato en el que "se declaró satisfecho" por la remediación ambiental de los trabajos en la Amazonía, tampoco es válido pues "los daños ambientales que le son imputados (a la empresa) rebasan el ámbito del contrato de Texaco con el Gobierno".
"El acta de finiquito que firmaron ambas partes se refiere únicamente al cumplimiento de las obligaciones que nacen entre Texaco y el Estado ecuatoriano" y en ella "no se liberaba de posibles reclamos de terceros, independientes al Estado, como son precisamente las comunidades indígenas", añadió.
La próxima semana, las partes comparecerán ante el tribunal de arbitraje para analizar las medidas provisionales pedidas por Chevron y el calendario procesal.
Ese proceso arbitral se suma a otro, iniciado en 2006, en el que el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya concluyó, el pasado marzo, que Ecuador no cumplió con su obligación, fijada en el Tratado bilateral con EE.UU., de otorgar "medios efectivos para presentar sus reclamos y ejercer sus derechos" a Chevron en litigios comerciales y contractuales con el Estado ecuatoriano.
García reiteró la decisión de Ecuador de buscar la nulidad de ese dictamen, entre otras razones, porque la petrolera no agotó los recursos judiciales en Ecuador antes de interponer la demanda de arbitraje y porque sustituye las decisiones de los jueces ecuatorianos que ya se habían pronunciado sobre esa demanda.
