El ministro coordinador de Política Económica de Ecuador, Diego Borja, anunció hoy que el próximo abril el Gobierno presentará una propuesta para la recompra de los bonos 2012 y 2030, a los que declaró en moratoria técnica (no pago) por considerar que su contratación fue "ilegítima e ilegal".
"Tenemos lista la solución financiera y jurídica y el Gobierno de Ecuador quiere terminar de una vez por todas el problema que se ha generado alrededor de los bonos", señaló el ministro, según un boletín de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
De acuerdo con Borja, la propuesta de recompra supone una estrategia para que el país supere "la vergüenza que ha sido la renegociación de los bonos Global y entre en una nueva época en la que cumplamos todo lo que manda la nueva Constitución en términos de crédito público".
La ministra de Economía, María Elsa Viteri, anunció ayer que Ecuador no pagará un cupón de intereses de los bonos Global 2030, de 135 millones de dólares, cuyo plazo vence el próximo domingo, y manifestó que está por concluir una respuesta general a su decisión de declarar en moratoria ciertos tramos de la deuda exterior.
El Ejecutivo ecuatoriano ha indicado que la propuesta sobre los aspectos técnicos y legales de la contratación de los bonos pretende dar una solución integral al capítulo de la deuda externa que considera ilegal, sobre todo la deuda comercial que es de 3.200 millones de dólares.
Según Borja, la recompra generará un beneficio económico y "sobre todo ético", aunque aún no explica las condiciones de la propuesta de recompra y la estrategia que va a seguir, ya que "ésta dependerá de cómo se comporten los tenedores de bonos que quieran concurrir a esta solución global", afirma el boletín.
El pasado 20 de noviembre, una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), creada por el Ejecutivo ecuatoriano, concluyó que varios tramos de la deuda, incluidos los Global 2012 y 2030, presentaban indicios de "ilegalidad".
El Gobierno emprendió entonces un análisis, junto con abogados nacionales e internacionales, con el fin de establecer la estrategia jurídica y financiera que le permita eliminar o renegociar el pago de esos segmentos de la deuda.
