El Gobierno de Estados Unidos dijo hoy por primera vez que podría aceptar que algunos detenidos en la base naval de Guantánamo, en Cuba, sean liberados dentro de su territorio.
El secretario de Justicia, Eric Holder, declaró a la prensa que el Gobierno lleva a cabo actualmente una revisión caso por caso de los aproximadamente 240 prisioneros para determinar cuáles serán enjuiciados y cuáles serán puestos en libertad.
Para los que queden en el segundo grupo una de las posibilidades es "que sean liberados dentro de este país", apuntó.
Específicamente citó a 17 musulmanes chinos de la etnia uighur y otros dos o tres detenidos.
La Administración de Barack Obama quiere que países europeos acepten a algunos de los prisioneros que no son peligrosos, pero algunos Gobiernos se han preguntado por qué deberían acogerlos si Estados Unidos no hace lo propio.
Al mismo tiempo, los comentaristas conservadores han puesto ya el grito en el cielo ante la posibilidad de que Obama traiga a "terroristas" a Estados Unidos.
Esta semana una delegación de la Unión Europea trató el tema con Holder y pidió toda la información sobre los detenidos antes de decidir si los aceptarán en su territorio.
En la base estadounidense hay unos 60 detenidos que el Gobierno quisiera liberar, pero que no puede repatriar a sus países de origen porque podrían sufrir torturas.
En este grupo están los 17 musulmanes chinos, que recibieron entrenamiento militar en un campo del Movimiento Islámico del Turkistán Oriental en las montañas de Tora Bora, en la frontera entre Afganistán y Pakistán.
Esos musulmanes chinos, que pretenden la independencia de su tierra tradicional en el noroeste de China, no combatieron en ningún momento contra Estados Unidos.
En octubre el juez federal Ricardo Urbina ordenó su liberación dentro del país, en vista de que el Gobierno no había justificado su detención indefinida.
La anterior Administración de George W. Bush recurrió la decisión y un tribunal federal coincidió en febrero con sus argumentos.
El tribunal señaló que Urbina se extralimitó en sus poderes, al determinar "fuera del marco de la normativa migratoria" que esos hombres debían ser liberados en Estados Unidos y agregó que la decisión corresponde al poder ejecutivo y no al judicial.
