El Congreso de la República no aprobó hoy la nueva ley que regula el trabajo en los puertos y no pudo poner fin a la huelga de los estibadores, que cumple ya ocho días y está dejando pérdidas cercanas a los 600 millones de dólares.
El secretario general del Sindicato de Estibadores del Puerto del Callao, Wilmer Estévez, afirmó a Efe que el Gobierno "no tiene voluntad política" de solucionar su caso, como quedó demostrado hoy, cuando el Pleno del Congreso envió nuevamente a comisiones un proyecto con modificaciones a la Ley del Trabajador Portuario.
Los huelguistas intentan estudiar ahora qué medidas tomar, pero Estévez se quejó de que no puede reunir a sus afiliados y simpatizantes debido al Estado de emergencia declarado por el Gobierno en la provincia del Callao durante 60 días para garantizar el orden y mantener las actividades del principal puerto del país.
El sindicato de estibadores del Callao, el principal terminal marítimo del país con un 70 por ciento del tráfico portuario, convocó a sus más de 1.100 afiliados a la huelga en demanda del derecho a la sindicalización, a la jubilación anticipada y a mejoras salariales, entre otras.
El presidente de la Empresa Nacional de Puertos, Mario Arbulú, estimó en declaraciones a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que la huelga genera pérdidas de aproximadamente tres millones de dólares por hora, lo que sumaría una cifra de 576 millones de dólares con el día de hoy, octavo del paro.
El presidente de la Asociación de Exportadores, Juan Varilias, señaló a Efe que su asociación pensaba propiciar una reunión con los trabajadores y los demás trabajadores del puerto del Callao "ante la inacción del Gobierno", pero se mostró contrario a las demandas de los huelguistas.
Estévez, que hoy se encontraba en el hemiciclo para apoyar la reforma de la Ley de Puertos, se quejó de que la declaración del estado de emergencia "agudiza el tema, porque se nota que en el país gobiernan los ricos y no se le hace caso a los pobres".
El legislador Santiago Fujimori, que fue quien pidió que la ley retornara a la comisión, justificó su decisión por la necesidad de un mayor debate, ya que la iniciativa podía encarecer los costos y provocar que el puerto del Callao vuelva a ser "el más caro del mundo".
Este puerto tuvo el año pasado un tráfico de 1.089.838 contenedores y se ha convertido en el más activo de toda la costa Pacífica de América del Sur, según la estatal Empresa Nacional de Puertos (Enapu).
En 2007, un paro de los mismos estibadores en demanda de mejoras salariales duró diez días y supuso pérdidas cercanas a los 500 millones de dólares, y se resolvió tras una intervención directa del presidente peruano, Alan García.
