La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó hoy la solicitud de un informe al Gobierno de Fernando Lugo sobre el proceso de compra por parte del Estado de más de 21.000 hectáreas a un terrateniente brasileño ante presuntas irregularidades.
El pedido, que fue planteado por el diputado Carlos María Soler, del minoritario Partido Patria Querida, y aprobado por el pleno de la Cámara baja, exige detalles de la "carta de intención de acuerdo" refrendada en octubre de 2008 entre el jefe de Estado y el empresario brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira.
La medida fue adoptada luego de que el diario asunceno Abc Color denunciara un supuesto intento de estafa al Estado, debido a que las negociaciones, todavía no concretadas, se habrían realizado sobre un precio de venta casi tres veces mayor de lo que el terrateniente pagó por esas tierras en diciembre de 2007.
El preacuerdo establece el compromiso del Estado de adquirir 21.883 hectáreas de la hacienda Paso Pucú por 31,6 millones de dólares para destinarlas a comunidades de los denominados campesinos "sin tierra" en el departamento de San Pedro (centro).
El Ministerio de Obras Públicas tasó en esa misma suma la propiedad pero meses después de que Lugo cerrara el compromiso con Teixeira, en octubre de 2008, según Abc Color, que señala al jefe de Gabinete, Miguel López Perito como gestor de la transacción.
El rotativo añadió que el empresario brasileño, que controla en el país grandes cultivos de soja, adquirió el inmueble en diciembre de 2007 por 11,1 millones de dólares e inicialmente había exigido al Gobierno sólo 22 millones de dólares.
Destacó además que el predio sería adquirido con parte de un préstamo de 100 millones de dólares otorgado al país por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de un plan para combatir los efectos de la crisis financiera internacional.
Por su parte, el senador Alfredo Luis Jaeggli, del oficialista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presentó hoy un proyecto de declaración que deberá ser analizado posteriormente por el pleno de ese hemiciclo y que insta al Ejecutivo a dejar sin efecto ese proceso de compra.
La denuncia generó hoy una serie de críticas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero López Perito afirmó a los periodistas que, "si no hay ningún impedimento de tipo legal, seguramente el procedimiento seguirá".
Las organizaciones ecologistas también expresaron su preocupación porque parte de las tierras en cuestión incluye áreas protegidas.
El diputado Óscar Tuma, de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, segunda fuerza de la oposición en el país, consideró que, de comprobarse el intento de fraude por parte del Gobierno, podría analizarse la posibilidad de un juicio político contra Lugo.
