El Defensor del Pueblo de Ecuador, Fernando Gutiérrez, consideró hoy que el caso Chevron-Texaco, en el que la petrolera afronta una demanda de 27.000 millones de dólares por supuesto daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana, ya se tendría que sentenciar porque existen "suficientes elementos".
"Nuestra vigilancia y nuestra exigencia es que el proceso termine, pensamos que hay suficientes elementos como para que el juzgador entre a juzgar y ya no se dilate más" el proceso, argumentó en una entrevista con radio Sonorama.
Estimó que, en el proceso, que en noviembre cumplirá 16 años, no solo se juzga una agresión al medio ambiente, sino también "una agresión contra el país entero" porque "ahí hay una pérdida de recursos naturales y económicos enorme, inmensa".
La petrolera difundió la semana pasada unos vídeos grabados con cámaras ocultas en los que, de acuerdo con los abogados de la empresa, se deduce que el juez, Juan Núñez, estaría implicado en una trama de soborno y habría adelantado datos de la sentencia cuando aún está en curso el juicio.
Núñez, desde el primer día, ha negado las inculpaciones presentadas por Chevron pero, al mismo tiempo, se excusó de seguir con el proceso, a pedido del fiscal general, Washington Pesántez.
Según el Defensor, en el ordenamiento jurídico norteamericano constituye "un hecho muy grave el que un juez anticipe criterios o señale circunstancias propias del proceso" lo que conllevaría la nulidad de la causa, pero en Ecuador solo resultaría en "una sanción al juez", aunque "el proceso no queda afectado".
Gutiérrez coincidió con la versión de los demandantes, el Frente de Defensa de la Amazonía, que agrupa a unos 30.000 pobladores presuntamente afectados por las actividades de la petrolera, de que las denuncias de los vídeos de Chevron servirían para dilatar el proceso.
La petrolera "ha interpuesto una cantidad increíble de recursos y creo que la Corte ha sido demasiado permisiva en esto", con lo que, a juicio de Gutiérez, "el resultado ha sido una demora injustificada en el proceso", afirmó.
Los demandantes consideran que la petrolera participó en la grabación de los vídeos e indujo al juez a "una trampa" para evadir "su responsabilidad en el crimen cometido", supuestamente entre 1972 y 1995, cuando Texaco, que fue comprada en el 2000 por Chevron, operó en Ecuador.
En ese contexto, Ecuador estudia abrir acciones legales contra la empresa ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por las supuestas violaciones a la Ley Federal cometidas por la petrolera, y la Fiscalía lleva a cabo una indagación previa en la que ha llamado a declarar a todos los actores del escándalo.
Ayer declaró el juez Núñez, quien reiteró su rechazo a las acusaciones y hoy estaba citado Juan Noboa, uno de los implicados en la grabación clandestina, aunque de acuerdo con la emisora, Noboa no se habría presentado a la citación ni tampoco habría mandando un escrito oficial excusándose.
Chevron asegura que las pruebas presentadas contra el magistrado son contundentes y pidió que sean investigadas por las autoridades judiciales.
