El Ejército Nacional de Colombia solicitó hoy un comité externo de control de las cárceles militares a raíz del último escándalo relacionado con los privilegios de los que gozan los reos en Tolemaida, el mayor presidio de esa naturaleza.
La petición la formalizó el comandante del Ejército, el general Alejandro Nava, desde el llamado Centro Militar de Reclusión (CMR) de Tolemaida, situado en la base castrense del mismo nombre.
El escándalo se desató tras las denuncias publicadas por la revista Semana, que en su última edición advirtió de que decenas de militares condenados por crímenes de lesa humanidad disfrutan en Tolemaida de "privilegios y comodidades dignas de un hotel".
Según la publicación, el CMR de Tolemaida "parece más un club de descanso que una cárcel de alta seguridad".
Muchos de sus presos "entran y salen como 'Pedro por su casa', tienen negocios dentro y fuera de la prisión y no viven en celdas, sino en cabañas", agrega Semana, que asegura que hay casos de reclusos que viajan de vacaciones a destinos del Caribe colombiano.
Además, muchos "siguen activos y recibiendo sueldos y otros beneficios, pese a tener en firme condenas que llegan a los 40 años", denuncia la revista.
El comandante del Ejército viajó hoy a Tolemaida junto al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y el inspector general de la misma fuerza, el general José Rafael González, para visitar el presidio e intentar frenar el escándalo.
Allí, el general Nava explicó que el Ejército abrió en diciembre pasado una investigación y "detectó presuntas irregularidades", y el 3 de febrero presentó un informe al comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Édgar Cely.
En consecuencia, fueron retirados tres oficiales y sustituidos directores y subdirectores de los otros nueve centros militares de reclusión colombianos, agregó Nava.
Aquella pesquisa también se tradujo en el traslado a una cárcel de Bogotá de 19 reclusos de Tolemaida condenados por acoso sexual, tráfico de armas, municiones y explosivos, y narcotráfico, agregó, al cifrar en 333 el número de presos actuales en dicha base.
De ellos, 15 están sindicados y 318 condenados, precisa el comunicado leído por el general Nava, quien indicó que, de estos últimos, 108 tienen sentencia condenatoria en firme, por lo que 97 han sido retirados de la fuerza pública, mientras que once están en proceso de salida.
"De los demás condenados, 120 se encuentran en proceso de apelación y 95 en casación", añade la nota, y señala que, entre ellos, "10 son pensionados por sanidad, 8 tienen asignación de retiro, 33 están suspendidos por lo que perciben medio salario y 164 con salario completo".
En el caso de estos últimos, su "suspensión debe ser ordenada por la autoridad competente", advirtió Nava, quien pidió que la Procuraduría General y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) conformen una "comisión permanente de control" de presidios militares.
