La declaración del estado de excepción en la justicia ecuatoriana hecha este lunes por el presidente Rafael Correa permitirá agilizar los recursos destinados a la función judicial y no interferirá en la independencia de los jueces, dijeron hoy miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio.
El presidente de este órgano, Paulo Rodríguez, señaló en una rueda de prensa que esa institución pidió a Correa que emitiera el decreto, que según él, permite que "la función de justicia pueda movilizar oportunamente los recursos económicos para realizar las contrataciones" de obras civiles, de tecnología, del modelo de gestión y del personal.
Fernando Yávar, también miembro del consejo transitorio, enfatizó que este decreto no influirá en el trabajo de los jueces, que podrán realizar su trabajo con "total independencia a nivel nacional".
El estado de emergencia, que tendrá una duración de 60 días, se engloba dentro de un proceso para reformar la justicia que fue aprobado por los ecuatorianos en un referendo realizado el pasado 7 de mayo.
A raíz de esto, el Consejo Nacional de la Judicatura fue sustituido por un órgano transitorio, conformado por tres personas, que tiene un año y medio para reestructurar el sistema judicial del país.
El estado de emergencia habilita al Consejo Transitorio a realizar, durante estos sesenta días, la contratación de las obras públicas que crea pertinente y que, según Rodríguez, son esenciales para transformar la justicia.
"En el caso de la infraestructura civil es vergonzante como se atiende a las personas, y es vergonzante como tienen que trabajar nuestros funcionarios judiciales. ¿En el ámbito de la tecnología? Es prácticamente inexistente. Para el modelo de gestión que estamos hablando hay que hacer las transformaciones", aseveró Rodríguez.
Para este año, el Consejo Transitorio cuenta con un presupuesto de 108 millones de dólares, de los cuales el 40 % se invertirá en infraestructura, un 30 % en tecnología y el resto en personal y gestión, detalló.
El pasado 30 de agosto Correa señaló que la reforma de la justicia tendría un coste de alrededor de 600 millones, cantidad que se invertirá de forma gradual hasta el 2015.
Según Rodríguez, el Consejo Transitorio ha determinado durante las seis semanas que lleva en funcionamiento que el área judicial que tiene más carencias es la relativa a la niñez y la familia.
