El gobernador del departamento boliviano de Potosí, Mario Virreira, rechazó hoy la atención de dos "demandas políticas" de grupos campesinos que protestan en la frontera con Chile y que la semana pasada incendiaron oficinas de una minera filial de la japonesa Sumitomo.
Virreira dijo hoy al canal privado ATB que no se puede atender la petición de los campesinos de expulsar del país al científico belga Guillermo Rueland, asesor del Gobierno de Evo Morales para un proyecto de la explotación de litio en el Salar de Uyuni (sudoeste de Bolivia).
El gobernador dijo desconocer las razones del pedido para la expulsión de Rueland que, según otras fuentes del Ejecutivo, vive en Bolivia hace muchos años y actualmente es el secretario general del comité científico para la explotación del litio en Uyuni.
Virreira también descartó el pedido de los manifestantes de desconocer a los dirigentes de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas), uno de los organismos sindicales que respaldan al Gobierno de Morales.
Los campesinos movilizados también han exigido la concreción de tres proyectos eléctricos y que la empresa minera San Cristóbal, filial de Sumitomo, pague un impuesto por el agua que consume.
Según el gobernador, la mayoría de los proyectos eléctricos han avanzado según el cronograma de trabajo establecido, si bien reconoció un retraso en uno de ellos que espera corregir pronto.
A juicio del funcionario, la movilización campesina en el sudoeste potosino, fronterizo con Chile, se debe a una pugna para controlar el pequeño municipio de "Colcha K" que en dos años ha recibido más de 12 millones de dólares por tributos mineros.
El dirigente de los campesinos movilizados Freddy González dijo a la prensa que están bloqueados varios puntos de acceso a San Cristóbal y que la manifestación ha ido creciendo con el paso de las horas.
También está cortada desde la semana pasada la vía de ferrocarril que sirve para exportar los minerales hacia los puertos chilenos.
González, además, destacó que el ministro boliviano de Exteriores, David Choquehuanca, haya confirmado que San Cristóbal no paga ni un centavo por consumir 600 litros de agua por segundo.
En una entrevista publicada el domingo, el ministro comentó que en Bolivia todos pagan por consumir agua por lo que no se explica cómo una empresa trasnacional que "roba" y "saquea" los minerales todos los días, no pueda pagar por su consumo de agua.
San Cristóbal, que en el año 2008 pasó a propiedad de Sumitomo de manos de la estadounidense Apex Silver, explota plata en una de las minas más grandes a cielo abierto del país.
En sus comunicados ha destacado que desde el año 2000 ha pagado tributos en Bolivia por más de 300 millones de dólares.
