El Gobierno argentino acusó hoy a los jueces de alargar con "chicanas, refutaciones y nulidades infundadas" las causas por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983).
Al responder a declaraciones de la jueza suprema Carmen Argibay, quien este jueves reclamó mayor presupuesto para el Poder Judicial, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, sostuvo que muchos jueces han tenido "actitudes conservadoras".
"Han permitido que los procesos en los que los represores son imputados sean de chicle, porque se estiran para que venzan los plazos procesales", destacó en declaraciones al canal de televisión C5N.
Al ofrecer una charla en el oeste del país, la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay aseguró que si la presidenta argentina, Cristina Fernández, quiere que se aceleren los juicios contra los represores, como reclamó en más de una ocasión, "que haya más jueces".
La magistrada dijo que "no es cierto" que los poderes Ejecutivo y Legislativo "han hecho todo" en materia de recursos para el sistema judicial y se quejó de que tanto el Gobierno como el Parlamento le recortan el presupuesto.
En ese sentido, Aníbal Fernández precisó hoy que la Corte Suprema cuenta con un presupuesto superior a los 170 millones de dólares y subrayó los 137 nombramientos de jueces, fiscales y defensores que se hicieron el año pasado.
"A mí no me han reclamado nunca. El Ministerio de Economía es el que tiene el lápiz, pero quien lleva la política de justicia soy yo y no me lo han hecho saber en ningún momento", acotó.
