El Gobierno chileno calificó hoy de "grave" el caso de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) presuntamente involucrados en una red de contrabando de artículos piratas.
El subjefe de la Brigada Investigadora Policial Especial (BIPE), Edgardo Bastidas, y el ex funcionario Fernando Torres se encuentran detenidos en el cuartel general de la PDI investigados por cohecho y obstrucción a la justicia.
"Nos parece grave que a funcionarios a quienes les hemos confiado todos nosotros la responsabilidad de cuidarnos de la delincuencia, puedan involucrarse en un delito", sostuvo el ministro del Interior en funciones, Patricio Rosende, quien subrayó que a "las manzanas podridas hay que sacarlas del cajón".
El pasado 18 de octubre el Gobierno chileno confirmó la detención de 11 detectives y ocho funcionarios del Poder Judicial involucrados en una red de corrupción que ayudó a unos 150 violadores, asaltantes, homicidas y narcotraficantes a recuperar su libertad o atenuar sus condenas.
De acuerdo a las investigaciones, la encargada de dirigir la organización criminal era la funcionaria del vigésimo tercer Juzgado del Crimen de Santiago Margarita Cuadros Aedo, quien fue miembro de la PDI entre 1974 y 1980 y que aparece en todos los casos detectados por la fiscal Nancy González.
El pasado 12 de enero la misma fiscal detectó una nueva red formada por funcionarios públicos y judiciales, civiles y abogados que presuntamente estaban vinculados a la falsificación de resoluciones de la quinta y séptima salas del tribunal de alzada.
