El Ejecutivo colombiano dejó hoy en manos del Legislativo un proyecto de reforma a la justicia penal militar que establece que todas las infracciones al derecho internacional humanitario serán competencia de esta jurisdicción o que el coste de la defensa de los militares procesados lo asumirá el Gobierno.
Es una iniciativa que "fortalece el fuero militar, fortalece la justicia penal militar, pero al mismo tiempo deja claro que de ninguna manera se pretende ningún tipo de impunidad", sostuvo el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tras entregar la propuesta a la Cámara de Representantes.
Pinzón concurrió a la sede el Congreso junto a los altos mandos militares y policiales, y los presidentes de los partidos políticos de la coalición de Gobierno.
"Nos parece que esta es una iniciativa importante que va a servir para aclarar muchas de las zonas grises que por años han existido en materia de fuero penal militar y de justicia penal militar", sostuvo el ministro en declaraciones a la prensa.
Según él, se trata de una propuesta necesaria para las miembros de la fuerza pública del país, que además contarán con un tribunal de garantías para el debido proceso y tendrán una ley estatutaria que les aclarará su "ámbito de acción (...) en todos los aspectos".
"En la medida en la que la fuerza pública tenga claridad en el marco jurídico bajo el cual opera, por supuesto que tiene la posibilidad de ser aún más efectiva contra las distintas amenazas que atentan contra el pueblo colombiano", explicó Pinzón.
También podrá ser más efectiva "en la defensa de la Constitución y los derechos de los ciudadanos, que es la razón de ser de la fuerza pública", continuó el titular de Defensa.
Además de precisiones sobre la competencia de la justicia militar y los delitos que se le excluyen, como el genocidio o el abuso sexual, que los asumirá la jurisdicción ordinaria, el proyecto de acto legislativo deja abierta la posibilidad de adopción en el futuro de una justicia penal policial.
La iniciativa fue elaborada por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma de la Justicia Penal Militar, conformada por tres expresidentes de la Corte Constitucional, dos generales y un exviceministro de Justicia.
Los seis la adoptaron por consenso, indicó Pinzón, para quien con ello se les da tranquilidad a la fuerza pública, a la ciudadanía y también a la comunidad internacional, y se facilitará que el Congreso la pueda gestionar lo más rápidamente posible.
La iniciativa del Ministerio de Defensa hace previsible que el Congreso retire el apartado sobre fuero militar que la cartera de Justicia llevó a un polémico proyecto de reforma judicial cuya discusión avanza en el Legislativo.
Los militares colombianos que sean procesados cuentan para su defensa con la Defensoría Militar (Demil), organización no gubernamental (ONG) que se financia con aportaciones mensuales de ellos.
La Demil representa en la actualidad a unos 4.100 militares en más de 5.000 procesos judiciales.
