El Gobierno de Panamá dijo hoy no entender las razones de un paro de 24 horas convocado para el próximo martes por los transportistas, que éstos dicen que responde a una amenaza de las autoridades de dejarlos fuera del proyecto de modernización del servicio sin indemnizarles.
La portavoz gubernamental, Judy Meana, dijo en una rueda que para el Gobierno la única razón de este paro "tendría que ser política", ya que no existe ninguna otra que la justifique.
El paro, programado para comenzar en la medianoche del lunes (05.00 GMT del martes) y que los organizadores calculan que afectará a unos 100.000 usuarios, fue convocado por la Cámara Nacional del Transporte (Canatra), que cuenta con unos 3.000 autobuses que operan unas 30 rutas en la capital.
Los convocantes esperan también el respaldo de conductores de Arraiján y La Chorrera, 33 kilómetros al oeste de la capital.
Meana aclaró en un escueto comunicado que "lo único que ha anunciado el Gobierno es que los transportistas que quisieran participar en el próximo proceso de licitación (para modernizar el transporte en la capital) podrían hacerlo y los que no quisieran, por sus razones, serían compensados".
"Jamás hemos dicho que 'los iban a matar' o 'quitarles el pan', como algunos de ellos han expresado", agregó la portavoz, que dijo que el Gobierno lo que quiere es un sistema de "transporte seguro".
"Queremos evitar que continúen los accidentes de tránsito, como el ocurrido hoy (con un autobús de pasajeros) en la vía al Puente Centenario, que cruza el Canal de Panamá, en el que dos personas perdieron la vida y más de 35 resultaron heridas", recalcó.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, vaticinó que porque no se justifica que se sigan registrando accidentes de este tipo, el paro será "el más repudiado por la ciudadanía".
El presidente de la Canatra, Dionisio Ortega, dijo que la huelga, que podría ser prorrogable, tiene como fin presionar al Gobierno a un diálogo para conocer cuántos transportistas que prestan el servicio desde hace más de 30 años serán desplazados por el nuevo sistema de transporte público y cómo se les compensará.
Ortega recordó que han enviado dos notas a Martinelli pidiendo un diálogo sin lograr respuesta, pero que siguen abiertos a recibir una invitación para hablar sobre este problema antes de llegar al paro.
Además de la compra de nuevos autobuses para reemplazar a los viejos "diablos rojos" (comprados de segunda mano en EE.UU.), el Gobierno contempla la construcción de un metro en la capital.
Las indemnizaciones que esperan los transportistas oscilan entre los 25.000 y 75.000 dólares por cada autobús retirado.
En el Gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004), los transportistas recibieron un subsidio de 30 millones de dólares para la compra de autobuses, y en el de Martín Torrijos (2004-2009) 30 dueños de estos transportes recibieron 25.000 dólares cada uno en compensación por el proyecto del transmóvil, que no prosperó.
