El gobierno de Panamá insistió hoy en su compromiso de no promover, iniciar o aprobar durante su gestión la explotación de Cerro Colorado ni de ningún otro yacimiento minero en las comarcas indígenas.
El ministro panameño de Comercio e Industrias (Mici), Roberto Henríquez, dijo en rueda de prensa que en ningún momento las reformas al Código Minero tuvieron relación con la intención de desarrollar o explotar el yacimiento de Cerro Colorado.
Henríquez señaló tras leer un comunicado sobre el asunto, dirigido a la población indígena Ngöbe Buglé, que lamentablemente el manejo de la información por parte de los medios de comunicación "creó la impresión de esa posibilidad".
"Las reformas buscan incorporar un compromiso con la protección del ambiente, control o erradicación de la minería ilegal, así como mayores aportes al Estado y a las comunidades circundantes a los proyectos de ese sector", destacó.
Explicó que desde que se presentó la reforma en la Asamblea Nacional se dijo que era para modificar una ley de recursos minerales que tenía 50 años, pero el mensaje no trascendió y fue por ello que el Gobierno, tras aprobarse la reforma, el pasado jueves, decidió emitir un comunicado el domingo y llamar a una rueda de prensa.
"El gobierno hizo un enorme esfuerzo y lo seguirá haciendo para explicar que esta modernización busca incorporarle a este código lo que precisamente la comunidad, los sectores ambientalistas y otros sectores interesados nos han pedido", añadió.
Unas 70 organizaciones ambientalistas panameñas y extranjeras han rechazado la reforma al Código Minero, sancionada el viernes por el presidente Ricardo Martinelli, previendo que ocasionará graves daños al medioambiente con la explotación de minerales a cielo abierto en un país de clima tropical lluvioso como Panamá.
Los líderes de la etnia Ngöbe Buglé, que vive en la comarca del mismo nombre en el occidente del país, han organizado para este martes en esa región una marcha en rechazo a las reformas, por considerar que supone un riesgo de contaminación de los acuíferos, de deforestación y por el temor a ser desplazados de sus tierras.
Sobre el particular, el viceministro de Trabajo y miembro de la comisión presidencial para tratar el tema con los indígenas, Luis Ernesto Carles, dijo a la prensa que el gobierno permitirá la marcha y que si se lleva a cabo pacíficamente "no habrá uso de fuerza (y) no habrá policías en el área".
Carles indicó que después de la actividad se reunirá con los líderes indígenas para entregarles el comunicado, escrito en español y en lenguaje Ngöbe, y zanjar las diferencias.
La norma aprobada aumenta las regalías, cánones, tasas y multas que deben pagar las empresas mineras, para que las comunidades y comarcas aledañas a las concesiones reciban más de lo que permitía el Código de 1964.
La regalía por extracción de cobre, oro y plata subió del dos al cinco por ciento, y de ella el 40 por ciento se repartirá entre las comunidades cercanas a las concesiones, para invertir en obras de infraestructura y programas de desarrollo social.
Otro 40 por ciento lo recibirá el Estado y el 20 por ciento restante irá al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.
Asimismo, el nuevo Código pone un alto a la minería ilegal con multas de hasta 250.000 dólares para los que se dediquen a la exploración y extracción sin contar con una autorización y el decomiso de los minerales extraídos.
